Un tribunal de Estados Unidos ordena liberar a un árabe acusado de 'combatiente enemigo' desde 2001
La ciudad de Richmond, en Virginia, fue ayer escenario de una importante victoria, aunque sólo sea simbólica, del Estado de derecho sobre la arbitrariedad de muchas de las leyes puestas en marcha por el Gobierno de George W. Bush en su lucha contra el terrorismo.
Un tribunal federal de apelaciones con sede en esa ciudad decidió que la detención de un residente en EE UU basada en una orden presidencial que le confiere al Pentágono poderes para retener ilimitadamente a las personas catalogadas como combatiente enemigo es ilegal. La decisión del tribunal afecta a Alí al Marri, un ciudadano de Qatar que fue detenido el 12 de diciembre de 2001 en Peoria, Illionois, donde vivía con su familia y estudiaba Informática en la Universidad de Bradley. Al Masri fue detenido bajo la sospecha de pertenecer a una célula durmiente de Al Qaeda y puesto a disposición del Ejército por su condición de combatiente enemigo. El tribunal ha ordenado su puesta en libertad.
Este caso tiene un valor simbólico más que efectivo. Al Masri es el único detenido en territorio norteamericano en sus mismas circunstancias. Otros dos arrestados como combatientes enemigos fueron liberados y enviados a su país, Arabia Saudí. El otro, José Padilla, fue trasladado a la justicia ordinaria y está siendo ahora juzgado por cargos de terrorismo en Florida. Los demás están en Guantánamo y no están afectados por esta decisión.
La solución encontrada para Al Masri no va a tener, por tanto, consecuencias inmediatas en otros casos. Pero se trata de una importante decisión porque viene a rebatir gran parte de la doctrina de esta Administración en la guerra contra el terrorismo.
En la explicación del veredicto, la jueza Diana Gribbon Motz, escribe que "sancionar la autoridad presidencial para ordenar a las Fuerzas Armadas arrestar y retener indefinidamente a civiles, incluso si el presidente les llama combatientes enemigos tendría consecuencias desastrosas para la Constitución". Unido esto a la reciente decisión de dos jueces militares de no procesar a dos detenidos en Guantánamo por defectos de forma en el procedimiento, todo el edificio jurisdiccional construido por Bush para el periodo posterior al 11-S empieza a resquebrajarse.
