Los 'narcos' blanquean con casas ilegales

Las Fiscalías Antidroga y de Medio Ambiente de Cádiz detectaron en 2006 un nuevo fenómeno: la relación de varios casos abiertos de narcotráfico con la construcción de viviendas irregulares en suelos no urbanizables. El Ministerio Público cree que los clanes dedicados a la droga en la provincia han invertido el dinero obtenido ilícitamente a través del transporte y venta de estas sustancias en levantar casas y chalés en varios municipios gaditanos. "Es una forma de blanquear el dinero", explica el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez. La responsable de la Fiscalía Antidroga, Ana Villagómez, cree que hacen falta más medios para seguir el rastro de ese dinero.

Uno de los más claros ejemplos ocurría en Conil. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil, en la conocida como operación Anfibio, con la colaboración de la gendarmería real de Marruecos, desarticulaba una red internacional de tráfico de hachís y blanqueo de capitales. Hubo 26 detenidos.

El dispositivo permitió la incautación de dos toneladas de hachís, siete vehículos, 246.000 euros y un chalet de 900.000 euros. Esta casa, levantada en suelo no urbanizable en la zona de la playa de Puntalejo, en Conil, estaba siendo construida en el momento de la operación. Era un encargo de uno de los jefes de la organización, Pedro Heredia Brenes, conocido como Follarranas. En las conversaciones telefónicas que forman parte de las diligencias, el acusado, que se mantiene en prisión desde entonces, presumía de mansión con su novia. Se frotaba las manos con un lujo que, de momento, no ha podido disfrutar.

Para la fiscal antidroga este caso es el mejor ejemplo para explicar el fenómeno detectado el año pasado. Entre los detenidos, había dos contratistas, profesionales de las construcciones, que, según la Guardia Civil, asesoraron a los supuestos narcos en el blanqueo de capitales a través de la construcción de dos casas en Conil, la de 900.000 euros y otra valorada en 350.000 euros, asentadas en terreno no urbanizable. "Estas operaciones sirven para eliminar grandes sumas de dinero negro, tratar de no dejar rastro invirtiendo en casas sin registrar y dificultar así el seguimiento fiscal de estas cantidades", detalla el fiscal Ángel Núñez.

En su memoria de 2006, alabada como "excelente" por el fiscal general Cándido Conde Pumpido en su resumen nacional del año pasado, Núñez denuncia la dejadez las administraciones para acabar con las construcciones irregulares. Esta falta de actuación política ha favorecido, según mantiene, la creación de "bolsas de impunidad" que aprovechan las redes delictivas para seguir sacando tajada de sus actividades con la droga.

La Fiscalía Antidroga ha llevado dos casos en 2006 en los que el narcotráfico y las construcciones irregulares han estado directamente vinculados. El de Conil, asociado con el clan del Follarranas, y otro en Sanlúcar, que investiga el juzgado número uno de esta localidad, relacionado con otra red familiar que se construyó tres chalés también en suelos no urbanizables. En ambos casos, a los detenidos por delitos contra la salud pública no se les conocía trabajo determinado ni medios de vida que explicaran el origen del dinero que les permitió levantar estas casas, además de disponer de varios vehículos y cuentas corrientes con grandes sumas de dinero.

Estas dos investigaciones están pendientes de señalamiento. Los primeros juicios que se van a celebrar determinarán las responsabilidades penales derivadas directamente del tráfico de drogas pero el fiscal de Medio Ambiente reclamará la apertura de otras diligencias por delitos contra la ordenación del territorio para investigar las construcciones irregulares. "Aunque las dos cosas están relacionados, son piezas y delitos diferentes por lo que irán a juicios distintos", aclara la fiscal Antidroga.

No obstante, Ana Villagómez trata de que esos beneficios ilícitos derivados de la compra y venta de droga no puedan ser vendidos. En el caso del Follarrranas, ya ha reclamado una notación preventiva en el registro de la propiedad con la prohibición de disponer, lo que impediría a los acusados hacer uso de esas construcciones o venderlas.

El dinero de la droga no sólo acaba en casas ilegales. También vale para levantar una vivienda de gran lujo en medio de Barbate, una oficina inmobiliaria, una tienda de ropa, un bar en Zahara de los Atunes e, incluso, aprovechar superficies en polígonos industriales y comprar fincar agrícolas con el objetivo de una posible recalificación posterior. Es lo que la Guardia Civil descubrió en esta localidad con la detención de un viejo conocido, Francisco López, conocido como Kiko, quien fue arrestado junto a su mujer, como supuesto líder de una banda dedicada al transporte y venta de droga y también como presunto responsable del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de la acumulación de todas estas propiedades.

La fiscal resalta la dificultad que entraña poder seguir las inversiones realizadas por los narcotraficantes, sobre todo, si tienen relación con edificaciones que no constan en registros de la propiedad ni se reflejan como inmuebles en sus declaraciones. "Tiene que ser la Guardia Civil la que efectúe registros que demuestren que los acusados viven allí o son dueños de esas casas", detalla. Ocurrió así en el clan del Follarranas desarticulado en Conil. El Instituto Armado pudo demostrar que el líder de la trama había hecho pagos a un constructor a cuenta de un cuñado y que había entregado dinero en metálico para pagarle. Dinero presuntamente procedente de la droga.