Intervenidos 92 millones y 553 inmuebles de una red de blanqueo en Marbella

Las propiedades inmobiliarias y las joyas de alta gama han sido claves en el caso Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde de Marbella (Málaga) el pasado abril y que ya suma 23 detenidos. En la operación, que sigue abierta, el Cuerpo Nacional de Policía ha intervenido 92 millones de euros en cuentas bancarias, 553 inmuebles en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol y 60 automóviles de lujo.

Los agentes del grupo de Blanqueo se han incautado, además, de numerosas joyas cuajadas de diamantes y otras piedras preciosas. Los tres principales imputados, los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzmán de Lacalle y el economista Luis María Rubio, siguen en prisión.

Los bienes, todos de gran valor, fueron supuestamente adquiridos para lavar dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas y prostitución. La enorme cantidad de propiedades intervenidas, la mayoría en las zonas más caras de la Costa del Sol, demuestra que la construcción era la principal opción de inversión para blanquear el dinero. La policía todavía no ha hecho una estimación, aunque considera que sus precios en el mercado exceden "en mucho" al valor catastral. Un apartamento de 80 metros cuadrados cuesta al menos 500.000 euros en las zonas más selectas de la costa malagueña.

Piedras preciosas

Los investigadores se han sorprendido de la calidad de las joyas intervenidas. Las piezas, calificadas "como obras de arte", están labradas en oro, platino, diamantes y otras piedras preciosas, de lo que deducen que han sido adquiridas como inversión y que su valor "puede superar al del metal precioso". El hallazgo ha hecho que la mayoría de los detenidos estén acusados, además de blanqueo de capitales, de un delito de receptación, es decir, comprar o hacer negocio con objetos a sabiendas que han sido conseguidos de forma ilegal.

Los 92 millones de euros se han intervenido en 632 cuentas repartidas en 22 entidades diferentes y durante los registros los agentes se han incautado de 300.000 euros en efectivo, una cantidad calificada como "muy pequeña" por fuentes cercanas al caso, atendiendo al nivel de vida e ingresos que llevaban los imputados.

Esta semana, el caso se ha reavivado con la detención de tres clientes del despacho Cruz-Conde, de nacionalidades sueca, suiza y alemana. Sobre ellos pesaban órdenes europeas de detención y entrega, y que no pudieron ser localizados en la primera fase de la operación.

El pasado miércoles, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, se opuso a que queden en libertad los tres principales acusados de la trama: el propietario del despacho Cruz Conde Abogados, Rafael Cruz-Conde; el letrado y socio del bufete Guzmán de la Calle y de Noriega; y el economista Luis María Rubio, director de la asesoría fiscal Santa Ana 1. Los tres están acusados de "crear entramados societarios" para que algunos de sus clientes puedan "ocultar la titularidad de los fondos" obtenidos por delitos graves.

Durante una breve vista, el fiscal aseguró que "no es ilusorio" que los imputados puedan eludir la justicia si se les deja en libertad o que puedan alterar y destruir pruebas en el extranjero. López Caballero recordó que el pasado 17 de abril, fecha de las detenciones, se entró simultáneamente en uno de los despachos de asesoría jurídica y fiscal más importantes de Holanda a través de un requerimiento judicial. "Esto indica que existen canales de comunicación con grupos societarios en el extranjero por lo que hay un riesgo evidente de manipulación o alteración de pruebas", afirmó el fiscal. Las investigaciones se han ampliado a cinco países de la Unión Europea y a Argentina.