Del doble poder al 'cogobierno' en la recta final de las elecciones
El pasado jueves, tras la deliberación del Tribunal Supremo sobre el recurso de Otegi, al otro lado de la plaza de la Villa de París, en la Audiencia Nacional, se respiraba euforia. De confirmarse la sentencia, se decía, todo estaría preparado para enviar al dirigente de la ilegalizada Batasuna a la cárcel.
Esa misma tarde, los magistrados encargados de ejecutar la sentencia supieron que, en efecto, el recurso había sido desestimado. Con el fallo, sin esperar la sentencia, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó ayer la detención y el ingreso en prisión. Algunos creen que esta acción ha sido por aquello de que la cabra tira al monte, pero quizá también tenga que ver con lo que ocurrió con los miembros de Jarrai, Haika y Segi el 19 de enero. Se conoce públicamente la sentencia del Tribunal Supremo y los 19 jóvenes condenados por integración en organización terrorista ponen pies en polvorosa durante 16 días.
Aunque ahora todas las decisiones judiciales sean atribuidas al mensaje de una presunta contraofensiva del Gobierno, la verdad es que la vista de este asunto fue retrasada por su cuenta por el Tribunal Supremo hasta después de las elecciones del 27-M.
He aquí la secuencia. El 10 de abril de 2006, la Fiscalía acusa a Otegi de enaltecer el terrorismo en un homenaje de 2003 al dirigente etarra Argala. La Audiencia Nacional le condena, el 28 de abril, a 15 meses de cárcel. La Fiscalía no solicitó el ingreso inmediato. Al no ser firme la sentencia, decidió una interpretación más favorable al reo, cuenta habida, todo hay que decirlo, de sus gestiones en el llamado proceso de paz.
La defensa de Otegi recurre finalmente al Tribunal Supremo, que requirió, en septiembre de 2006, el informe del Ministerio Público. La Fiscalía se mantuvo en sus trece a favor de que se confirmara la sentencia de la Audiencia Nacional. Por tanto, antes de la declaración del alto el fuego, durante la coexistencia de esa tregua con acciones violentas, y después, tras el atentado de Barajas y la ruptura formal, la Fiscalía mantuvo la acusación. Será la base de la sentencia que elabora el ponente Siro García.
El envío de Otegi a prisión por los magistrados sigue a la decisión del Gobierno de mandar a De Juana a la cárcel en lugar de a su casa. Ahora, el Partido Popular solicita más medidas del mismo tenor viendo que le resulta difícil al Gobierno resistir, al tiempo, a la derecha y a ETA. Durante esta legislatura tuvo lugar una virtual dualidad de poderes, con los conservadores en posiciones fuertes del Poder Judicial. Ahora, el PP aspira a dictar la política antiterrorista medida por medida. En esta larga recta final hasta las elecciones generales, el PP, pues, quiere el cogobierno. Ni más, ni menos.
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