Para la vida

Más de 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en España tienen lugar en centros privados. La revista Tiempo también revela en su última edición que incluso en los tres supuestos que contempla la ley, ningún hospital público de Navarra y Extremadura practica abortos debido a la objeción de conciencia de los facultativos, aunque algunos de estos sí informan de las clínicas privadas más cercanas. Poco más o menos, lo de siempre. No se ha secado la tinta con que daba explicaciones la jerarquía católica sobre el porqué son tan imprescindibles los estudios de Medicina en su Universidad privada: se trata de formar médicos que protejan la vida, argumento que mereció una contundente réplica por parte del rector de la Universidad de Valencia.

En la jornada previa a las elecciones, la carta semanal del arzobispo invitaba a votar a quienes rechacen el aborto y protejan "a la familia y al verdadero matrimonio". No recuerdo que nada se dijera en ella de la seguridad y libertad de miles de mujeres y niños que sufren las consecuencias de la falta de políticas de planificación y atención.

El 28 de mayo aún andábamos en estado de shock traumático post-electoral, pero aquel era el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Naturalmente, la salud reproductiva es uno de los aspectos más importantes y al mismo tiempo menos atendidos, ya que a menudo depende de ciertos dogmas religiosos contrarios al espíritu de los derechos humanos y de la evidencia científica. La última Asamblea General de la ONU celebrada el pasado octubre adoptó como nueva meta, dentro del quinto Objetivo del Milenio, el acceso universal a la salud reproductiva en 2015. Ello comportaría salvar a más de medio millón de mujeres que mueren cada año por problemas relacionados con el embarazo y el parto. África es el continente que más sufre por estas carencias, aunque la influencia de la religión probablemente se acusa más en América Latina y Caribe, donde cada año sucumben 23.000 mujeres (muchas de ellas niñas y adolescentes) por no poder ejercer su sexualidad y reproducción en libertad y con autonomía. En Perú, cuya legislación sobre el aborto terapéutico tiene 80 años, fallece una cada 8 horas. Argentina se encuentra ahora en plena campaña por la despenalización, exigida por 250 organizaciones civiles que claman contra el medio millón de abortos clandestinos con una tasa de mortalidad 20 veces superior a la de países donde está legalizado. Chile, El Salvador y Nicaragua penalizan el aborto en cualquier circunstancia, aunque en el primero se realizan más de 50.000 anuales con sólo 15 millones de habitantes (en Francia, donde es legal, se registran 140.000). Chile permitió el terapéutico hasta 1989, año en que la dictadura de Pinochet se encargó de derogarlo antes de abandonar el poder. Luego se ha recorrido un intrincado camino en los tribunales, que agobiados por la Conferencia Episcopal revocaron decisiones de la entonces ministra de Sanidad Michelle Bachelet. Ahora las farmacéuticas, también bajo presión, están retirando del mercado preparados anticonceptivos de emergencia. Una página web del Senado desapareció sorpresivamente cuando una encuesta daba el 60% de los votos a la opción favorable a la despenalización.

En México está siendo muy criticado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley despenalizadora presentado por el Ombudsman José Luis Soberanes. Organizaciones feministas y pro derechos humanos han reaccionado con indignación, pero planteando una contraofensiva no de movilizaciones sino basada en campañas de información: carteles, anuncios en radio y folletos sobre los pasos a dar para la interrupción legal del embarazo.

También circula una carta a Evo Morales para que la Constitución de Bolivia que ahora se discute no sea redactada bajo dogmas religiosos: 6 de cada 10 embarazos son no deseados y cada 6 días muere una mujer a consecuencia de un aborto inseguro, víctimas principalmente rurales, indígenas y de bajos recursos.

¿Estas no son vidas a preservar, señores arzobispos?