Los bienes intervenidos al crimen organizado superan los 2.410 millones en 2006

La Fiscalía de Málaga aportó ayer un nuevo dato útil para calibrar la magnitud de la operación Malaya. La causa contra la corrupción municipal en Marbella está detrás del "espectacular" aumento del valor de los bienes incautados por la Policía a las redes de delincuencia organizada en 2006. Según el ministerio público, el año pasado se intervinieron bienes por 2.410 millones de euros, casi seis veces más de lo aprehendido en 2005, año en que hubo el triple de detenciones.

Las cifras, recogidas en el informe anual de la Fiscalía de Málaga, constituyen la primera aproximación oficial al patrimonio incautado al supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y a su galaxia de testaferros, así como al resto de implicados en la operación Malaya, cuyas primeras detenciones se registraron en marzo de 2006 y acumula ya 104 imputados y más de 25.000 folios de sumario. Hasta ahora sólo se conocía la valoración oficiosa que realizó el ex ministro de Interior José Antonio Alonso al desatarse la operación y que situó el patrimonio oculto de Roca en 2.400 millones de euros.

Aunque la cifra de 2.410 millones, aportada por el Cuerpo Nacional de Policía, incluye los bienes aprehendidos en todas las actuaciones contra el crimen organizado en Málaga en 2006, la macro-operación Malaya concentra, según fuentes de la Fiscalía, la mayor parte de este montante. El pasado año se practicaron 505 detenciones en 73 operaciones policiales. El año anterior, con 1.256 arrestos en 117 investigaciones la cantidad intervenida fue mucho menor: 428,6 millones de euros en total. En 2004, los bienes incautados fueron únicamente de 50 millones, por lo que según el delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, redactor de esta parte del informe fiscal, "las cifras de 2006 han superado todas las expectativas".

El representante del ministerio público destaca el dato de los bienes intervenidos en el hecho de que "si ya es complicado y laborioso desarticular las redes criminales, todavía lo es más incidir en el ámbito de los beneficios obtenidos en la actividad criminal, sobre todo si en el blanqueo de capitales se utilizan cada vez métodos más sofisticados".

En su informe sobre los avances en la lucha contra el crimen organizado, López Caballero realiza un estudio de las necesidades materiales y humanas de su Delegación, compuesta por dos fiscales. Se reclama un ordenador portátil para cada fiscal con correo electrónico propio y un sistema de telecomunicaciones interno seguro, así como acceso a las bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. López Caballero reclama disponer de un vehículo asignado a la Fiscalía Anticorrupción y medidas de protección personal y seguridad. El fiscal señala que "la implantación de las delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción (...) ha concentrado la atención de los medios de comunicación locales en las mismas, aumentando su vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad".

En cuanto a los medios personales, López Caballero pide la adscripción permanente a su Delegación de personal técnico procedente de la Agencia Tributaria y de la Intervención del Estado y de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Además, señala que "el número concreto de fiscales adscritos a esta Delegación no debe considerarse cerrado".El fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, apuntó que se plantea incorporar un fiscal de la plantilla provincial a Anticorrupción una vez se materialice el aumento de fiscales previsto.

El fiscal jefe, que presentó ayer la memoria de la Fiscalía malagueña, indicó que el número de procedimientos abiertos se mantuvo prácticamente igual respecto a 2005, con 273.000 diligencias previas incoadas en los juzgados de instrucción de Málaga y Melilla. Esto supone, según Villén un descenso "muy ligero, prácticamente un estancamiento". Málaga tuvo un 2,9% menos de diligencias; la costa occidental -desde Torremolinos a Estepona- aumentó un 4,3%; la oriental descendió en un 5,5%, mientras que en el interior se dio un "ligero descenso". En Melilla pasaron de unas 9.000 en 2005 a 7.465 el pasado año.