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ETA mantiene a la Ertzaintza como "objetivo preferente"

Las críticas del comunicado etarra sitúan al PNV en el grupo de riesgo

El último dato objetivo que tiene la Ertzaintza de que la organización terrorista ETA les tiene como "objetivo preferente" es la información detallada que tenía el comando Donosti, desarticulado a finales de marzo, de dos ertzainas y de varias furgonetas de un grupo de élite de este cuerpo (Brigada Móvil) para atentar contra ellos. Para ETA, hace años ya que este cuerpo es considerado como un "cuerpo represivo" homologable a la Guardia Civil y la policía. El discurso crítico contra el PNV sitúa a sus dirigentes y 1.024 ediles en el grupo de riesgo.

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El salto que la organización terrorista ETA puede dar tras romper el alto el fuego permanente sólo puede tener un destinatario: golpear al nacionalismo vasco. Y más concretamente al PNV, una formación a la que los terroristas acusan en sus últimos comunicados, de no haber estado a la altura del proceso de paz.

A los actuales dirigentes del PNV, ETA parece haberles enviado el mensaje que se remite en plena guerra a las personas que han traicionado una causa: "La libertad de los pueblos, por desgracia, tiene como enemigo, en muchas ocasiones, a la traición. En cada ocasión que [el PNV] ha debido tomar decisiones firmes en defensa de Euskal Herria, en la construcción del futuro, han hecho un fraude".

La cuestión que ahora se analiza por parte de los servicios antiterroristas es ¿hasta dónde pueden llegar esas amenazas? Fuentes de la Ertzaintza (Policía vasca) consideran que los terroristas pueden volver a golpear a los peneuvistas por vía interpuesta: esto es, asesinando a un ertzaina significado por su militancia. Al fin y al cabo, ETA ya ha bautizado a la Ertzaintza en algún zutabe como el "brazo armado del PNV".

Lo hizo cuando el comando Vizcaya de ETA descerrajó varios tiros en Bilbao en noviembre de 1993 al sargento y militante del PNV Joseba Goikoetxea Asla, abriendo una reacción en cadena en el mundo peneuvista que clamaba por dar una respuesta por la vía de los hechos a Batasuna. Ese atentado supuso un antes y un después en el PNV. Pero no evitó que Xabier Arzalluz ensayara en 1997, tras advertírselo al entonces presidente, José María Aznar, un proceso de diálogo con ETA que acabaría en el Pacto de Lizarra, la acumulación de fuerzas nacionalistas y en la anterior tregua, de septiembre de 1998.

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, lleva meses convencido de que ETA ha situado a la Ertzaintza como "objetivo preferente". Y desde la bomba en la T4 de Barajas, el pasado 30 de diciembre, que segó la vida de dos trabajadores ecuatorianos, la policía vasca ha reiterado a sus 7.500 agentes que recuperen las técnicas de autoprotección y no se relajen ni un segundo. Tras el nuevo comunicado de ETA, lo han vuelto a repetir en las comisarías.

La vuelta de la banda a la actividad terrorista no ha cogido por sorpresa ni a Balza ni a sus servicios antiterroristas. En varios informes de los analistas de la policía vasca ya se advertía, incluso antes de la bomba de Barajas, de que el proceso estaba prácticamente roto y que la vuelta de los terroristas era cuestión de oportunidad y tiempo. Fuentes de la lucha antiterrorista vasca indicaron a este periódico, poco antes de que el Tribunal Supremo y el Constitucional anularan las listas de Batasuna y dejaran pasar sólo la mitad de las planchas de ANV, que "a partir de ahora, pueden golpear en cualquier momento. Y nosotros tenemos muchos boletos", admitían esas fuentes. Es cierto que ETA, al final, ha esperado a tener contabilizados los 187.000 votos.

Los sindicatos de la Ertzaintza Erne (mayoritario), ELA y Comisiones Obreras han pedido ya a Balza "respuestas inmediatas en materia de seguridad para los ertzainas". Interior ya les comunicó en una reunión celebrada el pasado 27 de mayo su voluntad de "revisar las tácticas de autoprotección" y las medidas de seguridad y si era necesario, "optimizarlas".

Junto a este trabajo, el Ministerio del Interior y la consejería vasca redoblan sus esfuerzos para asegurar con escoltas la integridad de los ediles que han sido elegidos el 27-M en listas de fuerzas constitucionalistas. En el caso de que finalmente se decida -tras un análisis conjunto y personalizado- dar protección a los ediles del PNV (1.024), el esfuerzo presupuestario para hacer frente a esa decisión sería enorme.

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