El pim pam pum de la seguridad

En las últimas semanas hemos hablado mucho de seguridad. La gran mayoría de los partidos políticos situaba las cuestiones de seguridad a la cabeza de su programa. Los más conservadores aprovechaban para poner juntos seguridad e inmigración. Por otra parte, una coincidencia más o menos fortuita de tropiezos, abusos e irregularidades de la policía autonómica justo en periodo electoral, y el morbo añadido que tiene para muchos medios de comunicación el hecho de que sea alguien como Joan Saura quien se responsabilice del Departamento de Interior, ha vuelto a situar los asuntos de seguridad en primer lugar de la agenda del país, en una especie de pim pam pum político-mediático. Por eso es probablemente ahora, recuperados en parte de la sacudida electoral, cuando deberíamos ver qué hay de serio y de ocasional en lo que ha ido aconteciendo.

El gran salto dado por la seguridad privada indica que cada vez hay más una seguridad para ricos y otra para pobres

¿Vivimos en tiempos más inseguros? ¿Tenemos cuerpos de seguridad deficientes? ¿Es imposible llevar a cabo una buena política de seguridad desde posiciones de una izquierda que quiere ser socialmente transformadora? ¿Cómo mejorar la seguridad individual y colectiva sin caer en las tentaciones del securitarismo represor y del populismo punitivo? El tiempo que vivimos es claramente más cambiante, precario e inestable que cualquier otra época anterior, y lo es de manera no episódica ni coyuntural. La fragilidad de los entramados familiar y social es evidente. El carácter efímero y turbulento del escenario laboral, también. La heterogeneidad vital, cultural, religiosa, étnica aumenta sin cesar. Y todo ello no transcurre de manera pacífica ni neutra para las personas que se ven sumergidas en ese torbellino, lo quieran o no. Los hay que ganan con todo ello, aprendiendo a vivir surfeando en esas aguas agitadas. Otros tratan de ir tirando desde sus posiciones previas, pero son conscientes de la creciente vulnerabilidad del momento y temen por el futuro. Muchos, simplemente, ven como les es cada vez más difícil subsistir, luchan con los de al lado por recursos escasos, y esperan que algo o alguien les permita superar su creciente fragilidad. Casi todos añoran seguridades pasadas, claman por atajos que les permitan sentirse menos inseguros, y buscan en la autoridad y la policía respuestas que sólo de manera colectiva y paciente podremos conseguir.

La policía autonómica catalana opera en ese contexto desde posiciones de fuerza y de debilidad. Desde posiciones de fuerza ya que es un cuerpo joven, aparentemente sin vicios institucionales enraizados, con una formación que no ha tenido nada que ver con trayectorias predemocráticas, y con una legitimidad de partida nada fácil de conseguir para una institución policial. Pero presenta asimismo algunas debilidades. Ha crecido mucho en poco tiempo, y se ha desplegado rápidamente en zonas que se han tornado más complicadas en los últimos años. Ese periodo de intenso crecimiento se ha producido en una fase de turbulencia notable en la política catalana, y la evidente notoriedad de cualquier asunto policial y de seguridad ha provocado que de una manera u otra los Mossos hayan estado en el ojo del huracán durante muchos meses. Los sucesos recientes han puesto de relieve quizá cierta bisoñez, pero sobre todo muestran poca claridad en los mensajes y explicaciones desde los órganos competentes. Los malos tratos desvelados son algo más serio, ya que señalan conductas reprobables más enquistadas. En cualquier caso, nos indican que el Gobierno de la Generalitat necesita un serio ajuste en los mecanismos internos de comunicación y de confianza en la dirección de la política de seguridad. Sin datos en los que sostenerlo, me da la impresión de que hay un juego de desconfianzas cruzadas, de canales informativos paralelos, y de tensiones entre viejas y nuevas jerarquías que no son el mejor bálsamo para situaciones como las comentadas. Seguramente, no fue la mejor decisión la de atribuir la dirección del Departamento de Interior al máximo dirigente de una de las fuerzas políticas del Gobierno de coalición. No porque Iniciativa no pueda, por su mismo perfil político, dirigir Interior, como alguien en su momento insinuó malevolamente. Pero no es habitual que el máximo dirigente de uno de los componentes de la coalición gubernamental asuma una cartera que si bien es de gran relieve y significación, implica un desgaste personal que puede repercutir en la propia fuerza política que se representa. Pero una vez tomada la decisión, lo importante es que se pueda demostrar que se puede poner en práctica una política de seguridad distinta, defensora de los derechos y que no simplifique el concepto de seguridad ciudadana.

No creo que nadie pueda negar la importancia de la policía para la organización social. Sin actividades ni personas dedicadas a ello, no existiría un marco estable para las relaciones de todo tipo o para resolver los conflictos que se derivan de la vida en común. La actividad de la policía es pacífica si ejerce su función por la persuasión o por la subordinación a las reglas de comportamiento comúnmente acceptadas. Si hay individuos o grupos que no quieren o no pueden aceptar tales reglas, entonces la policía deberá usar la fuerza, dentro de los límites normativos establecidos y desde la proporcionalidad. Las reglas de juego se fijan políticamente, y los límites son también variables en relación con la situación política o el momento en que se establecen. Por tanto, no me cabe duda de que la seguridad no es un concepto políticamente neutro, sino más bien el resultado de la hegemonía social de unos valores, intereses y concepción del mundo que se presenta como la más conveniente, la única razonable. La seguridad es de derechas o de izquierdas, si con ello entendemos una mayor o menor conformidad con el orden económico y social actual, y las situaciones de privilegio y desigualdad crecientes que soportamos. La seguridad no es apolítica. El gran salto dado por la seguridad privada, que ha multiplicado por cuatro sus ingresos en los últimos ocho años, indica que cada vez hay más una seguridad para ricos y otra para pobres. Y tenemos muchos delitos medioambientales, urbanísticos o de explotación laboral por perseguir. Por tanto, bienvenida sea una política de seguridad que entienda que sin educación de calidad para todos, sin bienestar ciudadano, sin políticas sociales potentes, sólo queda la represión. Muchos policías autonómicos sienten que realizan una labor de apoyo social 24 horas al día, 365 días al año. Pero esa labor se ve oscurecida por la mucho menos frecuente que despierta titulares y polémicas. La articulación de servicios en el territorio podría irnos permitiendo avanzar hacia lógicas más integrales de servicio e implicación ciudadana. Deberíamos avanzar hacia una seguridad de posibilidades y no centrarnos sólo en una seguridad de restricciones. Hemos de esperar que entre todos podamos construir una política de seguridad digna de una ciudadanía activa e implicada, y no una seguridad que acabe siendo vista como mera defensa del desorden establecido.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.