Un regalo de 13 millones con forma de ataúd

Fue a finales de 1992. El 22 de diciembre de aquel año se aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas. Un precio ridículo, fijado "de forma simbólica", según subrayó ayer Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando José María Álvarez del Manzano, del PP, estaba al frente del Ayuntamiento) en la primera sesión de un juicio demorado varias veces durante los últimos 15 años.

"Funespaña era la opción menos mala de las que se presentaron", se defiende Huete

Según detalló Huete -el único de los nueve acusados por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid que declaró ayer en la Audiencia Provincial-, la venta por sólo 0,60 euros se hizo a cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizara una ampliación de capital". El problema, sin embargo, es que el Ayuntamiento liberó a la empresa de esa deuda apenas dos meses después. La funeraria, hasta entonces deficitaria, empezó a tener grandes beneficios pocos meses después.

Cuando los abogados de la acusación (del PSOE e IU) le preguntaron por ello, el ex concejal no lo negó. Mariano Benítez de Lugo, que representa al PSOE, lo calificó de "escándalo". "Funes-paña asumió 2.274 millones de pesetas de deuda y, dos meses después, se la perdonan", señaló. Según las acusaciones, la empresa valía más de seis millones de euros. Pero Huete aseguró que "nadie, nadie, nadie, nos recomendó que optáramos por Funespaña".

Dijo que hubo unas 40 empresas interesadas en la funeraria cuando se abrió el concurso de adjudicación. De ellas quedaron tres. "Una pedía que se le garantizase que iba a mantener el monopolio en los servicios funerarios, y la otra exigía la reducción de la plantilla, así que Funespaña era la opción menos mala", defendió Huete. Además, aseguró, había prisa por adjudicar la Empresa Mixta de Servicios Funerarios porque ésta corría peligro de quiebra. Pero esto, según las acusaciones y el fiscal, se debió más a la dejadez de las autoridades que a la falta de negocio funerario, un mercado seguro e inagotable, más aún en una época en la que la empresa disfrutaba del monopolio -aunque informaciones de inicios de 1992 revelaron que funerarias piratas robaban un 60% de los traslados de fallecidos en Madrid-. El propio fiscal cree que hubo omisión "deliberada" en la gestión.

A la salida del juicio, Huete aseguró haberse quedado "tranquilo y alegre" tras haber declarado durante casi tres horas. Huete había insistido, ante el juez, en que nunca actuó solo, sino que simplemente era el ejecutor de las decisiones tomadas por el PP en el Ayuntamiento. "Aquí no hay delito", reiteró el abogado de Huete, que dijo que su cliente era teniente de alcalde, por lo que no era responsable directo de ninguna de las concejalías implicadas.

En el banquillo se sientan otras ocho personas. Todas ellas se enfrentan a un total de 82 años de cárcel por prevaricación, malversación de fondos, alteración de precios, tráfico de influencias y falsedad documental. Dos de los acusados eran ex ediles del PP: Simón Viñals (concejal de Sanidad de entonces) y Antonio Moreno (Régimen Interior y Personal). Y otro, José Ignacio Rodrigo, era abogado del Ayuntamiento.

Este último declara hoy. Él fue quien supuestamente firmó con Funespaña la adquisición de la empresa municipal. Tras la compra, se hizo con buena parte de las acciones y hoy día preside el Consejo de Administración de Funespaña. Según la fiscalía, Rodrigo obtuvo "una importantísima ventaja económica" con el apoyo de los ex concejales Huete, Viñals y Moreno. Según el mismo texto de la acusación, Rodrigo contactó con Ángel Valdivia, otro de los acusados y representante legal de Funespaña, "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización". Entonces, dice el fiscal, Funespaña sólo era una empresa "carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres".