El edil que debía velar por el patrimonio
Antonio Moreno Bravo, cacereño de 66 años, es uno de los tres ex concejales de Madrid acusado por la venta de la Funeraria. Tras estar 20 años como jefe de personal de Induyco (Industrias y Confecciones), una filial de El Corte Inglés, su carrera en la Administración pública comenzó cuando fue elegido en mayo de 1991 concejal de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento, cargo que compatibilizó con el de presidente del Centro Municipal de Informática (CEIM).
A mediados de los noventa se vio envuelto en el caso funeraria, ya que entonces Moreno era el concejal de Patrimonio. El fiscal le acusó, siendo edil de este área, de promover una operación con el propósito de "ceder la gestión y el control absoluto y monopolístico del servicio funerario de Madrid a Funespaña".
Dejó la política municipal en 2003. Está soltero y es licenciado en Ciencias Económicas, técnico superior en Marketing y diplomado en Dirección de Personal y Empresa.
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