Los nuevos intocables

La Comisión Europea ha recomendado incrementar el número de inspecciones de trabajo que se realizan en los países miembros, considerándolas como un instrumento para combatir la contratación ilegal de trabajadores extranjeros. A raíz del incidente del buque Montfalcó tras rescatar a 26 náufragos en un punto intermedio entre Malta y Libia ha propuesto, además, revisar la legislación aplicable a estos casos de salvamento en alta mar, que se han multiplicado a raíz del endurecimiento de la vigilancia en las rutas tradicionales del tráfico ilegal de personas. Se trata de medidas imprescindibles para combatir las raíces de un fenómeno que está deteriorando poco a poco el funcionamiento del Estado de derecho y del sistema jurídico internacional, obligándolos a permanecer impotentes ante algunas prácticas que se aproximan cada vez más a los rasgos siniestros del esclavismo.

Frente a la insistencia en buscar las causas de la inmigración ilegal exclusivamente en los países de origen, señalando la pobreza extrema e, incluso, las situaciones de guerra en las que vive la mayor parte de ellos, la Comisión ha venido implícitamente a recordar que es necesario el concurso de otras causas que se sitúan en los propios países de llegada. El denominado efecto llamada no es resultado de las regulaciones que han llevado a cabo algunos Gobiernos europeos, y que constituyen verdaderas cláusulas de salvaguardia para evitar que el sistema democrático se vea forzado a convivir con centenares de miles de personas privadas de cualquier derecho y, por tanto, víctimas potenciales e indefensas de intolerables abusos. El efecto llamada tiene que ver, por el contrario, con las probabilidades de que un trabajador extranjero encuentre empleo con independencia de que su entrada en el país haya sido legal o ilegal. En otras palabras, tiene que ver con la tolerancia o la intolerancia del país de llegada hacia la economía sumergida, sobre la que la Comisión ha exigido un mayor control. La explicación es simple: si se garantiza la legalidad de los empleos, pocos o muy pocos se jugarán la vida en un viaje ilegal que les deparará la misma situación de paro y de miseria que tenían al emprenderlo.

Por lo que se refiere al salvamento en alta mar, en tan sólo una semana Malta ha dado varios ejemplos de lo que no es ni debería ser nunca la Unión Europea. Su negativa a recibir al Montfalcó, idéntica a la que expresó en el caso del Francisco y Catalina, ha ido acompañada por una exhibición de inhumanidad y de falta de respeto a los compromisos internacionales, incluida la solidaridad comunitaria, que los socios no deberían pasar por alto. El capitán de un pesquero con bandera de Malta no tuvo escrúpulos en permitir que dos docenas de náufragos permanecieran tres días y sus correspondientes noches encaramados a sus redes, sin prestarles el auxilio al que estaba obligado por la ley internacional, aparte de por un mínimo sentido de la compasión. Días más tarde, las autoridades de La Valeta volvieron a denegar el permiso de atraque a una patrullera francesa que había rescatado una veintena de cadáveres en aguas del Mediterráneo, frente a sus costas.

La decisión sobre la legislación aplicable que se propone adoptar la Comisión tiene un alcance decisivo, que trasciende la simple voluntad de establecer un mecanismo para resolver los problemas derivados del salvamento en alta mar. De la Comisión dependerá, en buena medida, que la condición de inmigrante no acaba configurándose en el ámbito internacional como la nueva casta de los intocables. Todo dependerá de si hace prevalecer la idea de que los pasajeros de embarcaciones de fortuna que zozobren o se averíen en alta mar son considerados como náufragos o, por el contrario, se les da inmediatamente el trato de inmigrantes. En este último supuesto, sería tanto como establecer que un inmigrante no es una persona que trabaja en un país que no es el suyo, sino un estigma que persigue a la población de ciertas regiones del mundo y que se impone a cualquier otra condición, incluso aunque eso lleve, como en los casos recientes frente a las costas de Malta, a negarles derechos consolidados a lo largo de la historia.