Prórroga casi inevitable

La vidriosa campaña electoral para autonomías y ayuntamientos ha ocultado el pausado comienzo de los trámites para construir los Presupuestos Generales del Estado del año 2008. El viernes pasado el Consejo de Ministros autorizó el límite del gasto para el año próximo, que queda fijado en 153.920 millones de euros, el 6,7% más que en 2007. La explicación oficial es que ese aumento equivale al crecimiento nominal de la economía -aumento del PIB más la inflación prevista- y poco hay que oponer por ese lado, puesto que, como han demostrado dolorosamente las recientes lluvias, España sufre de un preocupante déficit de infraestructuras.

El conflicto está en otra parte. Con unas elecciones generales preparadas para marzo de 2008 -si no se adelantan-, el Gobierno lo tendrá difícil para encontrar votos que aprueben las próximas cuentas públicas. De hecho, es muy probable que el vicepresidente Pedro Solbes tenga que recurrir a la prórroga del Presupuesto y esperar a que el próximo Gobierno elabore y apruebe los suyos. Detrás de esta dificultad no está sólo la proximidad de las elecciones generales; también está el problema, cada vez más enrevesado, de articular una financiación autonómica ordenada teniendo que cuadrar al mismo tiempo las presiones de los partidos dispuestos a cambiar su voto por más dinero procedente del Estado central para sus territorios.

El nudo podría deshacerse si se impusiera la corresponsabilidad fiscal. Mientras las autonomías sean unidades de gasto que se niegan a perder votos subiendo impuestos el embrollo aumentará sin parar. Es una pena, porque las cuentas del Estado han entrado en el carril del superávit presupuestario por cuarto año consecutivo y merecen un reparto político más claro y mejor ordenado.