El presidente hondureño obliga a las cadenas a emitir propaganda oficial

Los medios de comunicación de Honduras se han puesto en pie de guerra contra la decisión del presidente de ese país, el liberal Manuel Zelaya, de obligar a 10 cadenas de televisión y radio a emitir dos horas diarias de propaganda oficial. Zelaya asegura que con esta medida sólo pretende contrarrestar "la desinformación" sobre la gestión gubernamental. Sus detractores temen que el mandatario centroamericano esté sucumbiendo al ejemplo de Hugo Chávez.

Dieciséis meses después de su llegada al poder, Manuel Zelaya, más conocido como Mel, se siente víctima de "los oligopolios" que controlan los medios hondureños. Es, dice, "el presidente más atacado, vituperado y calumniado de la historia de este país". Cansado "del clima de inseguridad" generado por la prensa, que sólo "publica malas noticias", él y sus ministros explicarán las actividades gubernamentales en los próximos 10 días, entre las 10 y las 12 de la noche, "en cadena nacional", es decir, en una emisión obligatoria para las cadenas de radio y televisión.

Ana Morales, jefa de redacción del diario La Prensa, el de mayor difusión de Honduras, relaciona esta decisión con la encuesta de Cid-Gallup publicada hace una semana, que reflejaba una caída de 22 puntos en la popularidad del mandatario en apenas cuatro meses. Y es que ningún Gobierno lo tiene fácil en el segundo país más pobre de América, después de Haití, arrasado por la criminalidad y el sida.

"Esta amenaza de encadenar a los medios es improcedente. El presidente quiere satisfacer su ego y contrarrestar denuncias recientes de corrupción", explica Renato Álvarez, influyente periodista de la cadena Televicentro. "Admito que los grupos fácticos siempre quieren sacar beneficios, pero este anuncio es un signo de intolerancia de Zelaya. La prensa fue igualmente crítica con sus antecesores, y ninguno reaccionó de esta manera. La influencia de Chávez parece estar llegando hasta aquí". La Asociación de Periodistas Hondureños ha pedido a Zelaya que revoque una decisión que retrotrae "a los Gobiernos de facto" de los años ochenta.