Signos de cambio

La economía española sigue aumentando a un ritmo mucho más elevado que el resto de las europeas, como demuestran los indicadores de PIB en términos de contabilidad nacional difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Durante el primer trimestre de este año, la tasa interanual de crecimiento fue del 4,1%, un registro sobresaliente si, además, se tiene en cuenta que amparó un aumento del empleo del 3%. La peculiaridad que asoma en las cuentas nacionales, no obstante, es el lento viraje hacia un patrón que los economistas llaman "más equilibrado". El crecimiento sigue sosteniéndose sobre la construcción y el consumo de las familias, con tasas de aumento del 5,6% y 3,5% respectivamente. Pero ambos factores están perdiendo suavemente impulso, mientras que el comportamiento del sector exterior mejora comparativamente con trimestres anteriores y ya sólo resta 0,7 puntos a la progresión del PIB.

La orientación de la política económica del Gobierno ha buscado este cambio de modelo; por tanto, no hay que extrañarse de que suceda. Si acaso puede debatirse sobre la velocidad del cambio y sobre los resortes utilizados u omitidos para ejecutarlo. Sin embargo, la masa de maniobra de la economía sigue siendo el ladrillo. Su inercia condiciona casi toda la política económica y es el vértice donde confluyen todos los riesgos para la tasa actual de crecimiento. Los signos de que la llamada burbuja inmobiliaria está deshinchándose pueden encontrarse en la moderación de los precios de la vivienda, la disminución relativa de las construidas y, sobre todo, en el descenso del número de hipotecas, nada menos que del 10,6% el año pasado.

Caben pocas dudas de que el aterrizaje del boom de la construcción, necesario por razones de estabilidad financiera y de salubridad social -la depredación del paisaje, el coste de la vivienda y la corrupción urbanística constituyen hoy amenazas reales para el funcionamiento de las instituciones-, tendrá consecuencias sobre el crecimiento de la economía. El achicamiento del mercado inmobiliario puede afectar en primera instancia al ritmo de creación de empleo y al consumo. Por eso es necesario evitar una contracción brusca.

El Gobierno y los agentes del mercado deben gestionar una desaceleración moderada del mercado del ladrillo mientras se produce la sustitución de factores. No es tarea fácil, porque hay que integrar objetivos aparentemente contradictorios: mantenimiento, incluso una ligera revalorización del valor de los activos inmobiliarios, contención de los precios de venta y crecimiento del empleo. Las dos variables decisivas, las que facilitarían esta desaceleración controlada de la burbuja, son el estrangulamiento de la corrupción inmobiliaria y la renovación del capital de infraestructuras; las actuales son insuficientes para atender a las necesidades de una población ocupada que crece sin cesar. Pero ésos son empeños para más de una legislatura.