Los municipios exigen que este sea el último mandato sin un sistema de financiación claro

Todos los partidos se declaran municipalistas, sin embargo, los ayuntamientos siguen sin contar con un sistema de financiación preciso y en el que tengan voz y voto. Cada territorio cuenta con criterios diferentes para fijar el reparto de los tributos concertados de los municipios. Así, localidades más o menos similares de Vizcaya o Guipúzcoa pueden recibir cantidades muy distintas. Un cambio en el sistema de financiación precisa de una norma que regule los tres niveles administrativos (general, foral y local), asegura Manuel Beldarrain, catedrático de Hacienda Pública, que ve necesaria una reforma de la LTH.

Los ayuntamientos no están contentos con el actual sistema de financiación municipal y las elecciones son un buen momento para que los partidos saquen a pasear su espíritu local. En los últimos tiempos, al intensificarse el debate sobre la pendiente Ley Municipal, parece haberse instalado en todas las formaciones políticas la convención de que la solución pasa por dar entrada a los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas. Actualmente, sólo el Gobierno y las diputaciones (al cincuenta por ciento) forman este órgano en el que se reparte, en función de sus competencias, el dinero que gracias al Concierto Económico se recauda con los tributos concertados.

Beldarrain fija como elemento clave de todo el debate el Concierto. Gracias a este particular sistema de financiación vasco, la comunidad autónoma dispone, según los cálculos de Ignacio Zubiri, también catedrático de Hacienda Pública, de "un 65% más de recursos per cápita" que el que aporta el sistema común "para financiar las mismas competencias". Esta realidad también repercute en los ayuntamientos del País Vasco y Navarra, que están mucho mejor financiados que los del resto de España.

Más allá de otros tributos municipales, como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Circulación, o de tasas y precios públicos, la mayor parte de la financiación municipal procede de su participación en los impuestos concertados, que recaudan y gestionan las diputaciones. El problema es que, en esta cuestión vital, los ayuntamientos no tienen nada que decir. El "modelo de país" dibujado por el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos (LTH) sólo contempla la administración general y la foral y, en este esquema, los municipios son de las diputaciones, como señalaba hace años un diputado general.

Distintas cantidades

¿Incluir a los ayuntamientos en el CVF resolverá el problema? El Gobierno (PNV, EA y EB) y el PSE-EE así lo entienden. De hecho, han incluido esta propuesta en los borradores de la ley Municipal que han elaborado, aunque no es igual el modelo del tripartito que el socialista. Beldarrain, sin embargo, no cree que eso sirva de mucho porque, a su entender el problema estriba en que el marco legal permite que "dos municipios de iguales características, en dos territorios diferentes, pueden recibir distintas cantidades". Esto se produce porque la Ley de Aportaciones solamente establece el porcentaje del presupuesto de cada diputación que debe ir destinado a los ayuntamientos. En la última Ley de Aportaciones, con el objeto de calmar a los municipios, el porcentaje ha pasado del 53% al 54,7%. Esta fórmula, según Beldarrain, genera una diferencia de salida y es que el referente es el presupuesto de cada territorio, independientemente de otros criterios. Además, la diputación establece la forma de reparto que más le conviene. Así, municipios vecinos como Ermua (Vizcaya) y Eibar (Guipúzcoa) están sujetos a distintos sistemas de financiación. A estos hay que añadir la escasa transparencia, especialmente en Vizcaya, a la hora de encontrar los datos de las transferencias de fondos a los municipios, asegura Beldarrain.

Entrar o no en el Consejo Vasco de Finanzas no cambia esta situación. El letrado Ángel Zurita, en un artículo publicado en EL PAÍS, iba aún más lejos y aseguraba que un cambio real exige incluso una reforma estatutaria para incluir a los municipios junto a las diputaciones y el Gobierno. En cualquier caso, abrir el debate supone cambiar el modelo e hincar el diente a la intocable LTH, el poder foral. Hay dos propuestas sobre la mesa. La del Gobierno roza el problema, la del PSE lo toca.

"Si estamos pensando en modificar la financiación", señala Beldarrain, "vendría bien mirar a los países del norte de Europa, que son también miembros de la UE, y no a los del Mediterráneo, que hasta ahora no han aportado buenas ideas". El catedrático prefiere el modelo austriaco, donde una ley institucional tienen en cuenta todos los niveles de la administración.