Un nuevo pacto nacional
La contribución de la Unión Europea (UE) a la gobernanza global se está convirtiendo en uno de sus más importantes desafíos en los últimos tiempos, con la incorporación de la condicionalidad política y económica y de la adaptación al acervo comunitario para ser miembro (Copenhague, 1993). En este sentido, la condicionalidad política intenta fomentar la democracia sustantiva en los países que quieran formar parte de la UE, así como en los terceros Estados con los que se relaciona. Su papel quiere ser el de construir una paz en el mundo que revierta en una paz en casa. Esto le plantea una revisión diaria de sus posiciones para poder ser coherente. Sin embargo, el no aplicar criterios objetivos con Turquía rompe estos intentos. Así lo evidencia el haber aceptado recientemente a países que iniciaron su democratización más tarde, provocando una reacción nacionalista en Turquía.
Las propuestas de Erdogan podrían ser el empujón final para la democratización
Turquía ha sido parte de Occidente durante la guerra fría, con una democracia formal estable y con el Ejército como su paradójico valedor. En 1959 pidió -con el entusiasmo de la institución militar- la asociación a las Comunidades Europeas junto a Grecia. Esto se explica porque el Ejército ha sido el motor modernizador del país desde el final del Imperio Otomano. Esta modernización fue más allá de la capacitación científica y tecnológica y llegó al pensamiento político. El Ejército, legitimado por su papel en la construcción de la República y guardián del legado de Mustafá Kemal Atatürk, ha tenido un prestigio indiscutible durante toda la República, sólo disminuido en el golpe de 1980 por la brutal represión que le siguió.
Desde entonces, las relaciones entre civiles y militares se han mantenido en un frágil equilibrio (en 1997 Erbakan, islamista, fue forzado a dimitir). Una nueva crisis se ha producido con nombramiento del general Yasar Büyükant como jefe del Estado Mayor en agosto de 2006. Pese a la oposición del AKP, el presidente de la República, Ahmet Necdet Sezer, dirigió una carta al primer ministro Erdogan y al general Özkök conminando a su nombramiento. Su antecesor, el general Hilmi Özkök, con relativas buenas relaciones con el Gobierno del AKP y problemas con el Estado Mayor por su supuesta devoción religiosa, ayudó a retirar a los militares de la vida política y a realizar las reformas en el todopoderoso Consejo de Seguridad Nacional (CSN, Milli Güvenlik Kurulu), nacido de la Constitución de 1961.
Ya la primera declaración de Büyükant fue que "la protección de los principios fundamentales de la República no es asunto de la política interior sino un deber de las Fuerzas Armadas". Y en las últimas semanas, los militares turcos han acaparado el protagonismo al recordar a los políticos que ellos siguen siendo los guardianes de la República creada por Atatürk. La razón: la posibilidad de un presidente de la República de un partido islámico moderado y europeísta, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), que se autodenomina islamodemócrata. También la sociedad civil se ha dejado oír clamando: "Ni sharia, ni golpe de Estado" en defensa de la modernidad en Turquía.
El papel de los actores políticos en Turquía cambia y sus posiciones están variando. El dilema actual está entre el proceso occidentalizador que persigue la uniformidad mundial (véase Occidentalización, fin de la Guerra Fría y relaciones internacionales, de F. J. Peñas Esteban) y la posibilidad de una modernidad plural.
La votación para la elección de Abdulá Gül, del AKP, como presidente de la República fue boicoteada, el 27 de abril, por la oposición laica, liderada por el CHP (Partido Republicano del Pueblo), que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha sido estimado y que la ha dejado sin validez en el Parlamento. Esta decisión adelanta irremediablemente las elecciones, con una posible nueva victoria del AKP debida a la dura ley electoral que limita la presencia en el Parlamento a los partidos que hayan logrado un 10% de los votos a nivel nacional. La trampa para expulsar a los partidos minoritarios del sistema ahora puede ahogar a los que dominaron ese mismo sistema desde el laicismo.
Las propuestas de reforma constitucional del primer ministro Erdogan podrían ser el empujón final para la democratización de Turquía, pero, lamentablemente, se ha fracturado la sociedad y la izquierda laica no tiene verdaderas respuestas que ofrecer. Sin embargo, el recelo de parte de la sociedad y de las élites kemalistas (militares y civiles) a una islamización desde el poder disminuiría si Turquía tuviera garantizado un calendario para su ingreso en la Unión Europea. Una Turquía en el camino hacia la UE no tendría miedo ni a un golpe de Estado militar ni a la islamización.
La Unión Europea ha provocado en Turquía cambios constitucionales que, aparentemente, han apartado a los militares del poder. Esta nueva estructura de oportunidades abrió la arena política a la religión y los nacionalismos y a una participación más activa de la sociedad civil que desconfía de los partidos políticos corruptos y tendentes al enfrentamiento. Esta sociedad civil ha sido ignorada fuera de Turquía. El pacto fundacional de la República entre las élites militares y políticas, el pacto kemalista (republicanismo, populismo, secularismo, revolución/reforma, nacionalismo y estatismo) ha sido hasta ahora el paradigma de la modernización. Pero las reformas de los últimos años han amenazado al pacto kemalista introduciendo temas que habían sido marginados en la construcción de la identidad nacional turca y de un Estado nación homogéneo que obviaba otras fracturas políticas y sociales. Esto ha llevado a la necesidad de revisar el pacto con la inclusión de nuevos actores y nuevos problemas.
La sociedad civil turca reclama más democracia y que la Unión Europea respalde el nuevo pacto y se implique en su desarrollo. Por citar a Atatürk, "Paz en casa, paz en el mundo" (Yurtta Suhl, Cihanda Suhl).
Antonio Ávalos es investigador del Grupo de Estudios Historia y Teoría de las Relaciones Internacionales y del Taller de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Marién Durán es miembro del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada.
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