Fabra como síntoma

El caso que mejor refleja el desinterés de una parte de la clase política por la corrupción apabullante en el ámbito provincial y local es el de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia. Fabra está imputado desde hace más de tres años por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho y denunciado por la Agencia Tributaria por supuesto delito fiscal. Sin prejuzgar su inocencia o culpabilidad, solamente los indicios de posible enriquecimiento ilícito -su patrimonio se multiplicó por cuatro entre 1999 y 2004, Hacienda le apunta un supuesto fraude de 149.000 euros sólo en 1999 y tiene ingresos sin justificar por unos 600.000 euros- bastarían de hecho para que quedara apartado de la política. Fabra y el PP han aprovechado la circunstancia de que todavía no se haya abierto el juicio oral para justificar su presentación como número tres en la candidatura del PP por Castellón.

Que el PP permita que un candidato con la situación judicial de Fabra se presente en sus listas indica una permisividad escandalosa. Revela que el PP no percibe el riesgo de la corrupción urbanística ni la urgencia de recuperar la credibilidad de los políticos locales con nombres limpios que transmitan honradez a los votantes. Es cierto que la percepción de comisiones y las recalificaciones salvajes no son patrimonio de un solo partido; pero no todos muestran el mismo grado de alarma ante la presencia de imputados en sus filas. La corrupción urbanística debería ser el debate de fondo de las candidaturas políticas en las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 27. Porque están en cuestión la nefasta financiación de los ayuntamientos y la credibilidad de los políticos locales y autonómicos, arruinada a conciencia por los numerosos casos de imputaciones delictivas. Sin embargo, los partidos no enfocan con contundencia el problema, rehúyen cualquier responsabilidad propia y se limitan a magnificar los casos que aparecen en el adversario. El primer paso para reducir esta lacra es que cada partido limpie sus propios establos; el segundo, que se concierte una política común contra las prácticas corruptas. Es el debate que sería de esperar en la campaña y que sin embargo brilla por su ausencia.