La juez envía a prisión al ex jefe de la oficina de Hacienda de Irún

El ex director de la Delegación de la Hacienda foral en Irún José María Bravo ingresó ayer en prisión acusado de dirigir una trama que supuestamente estafó al menos cinco millones de euros a la Hacienda guipuzcoana y se apropió de 1,5 millones. La juez del caso dictó prisión provisional, eludible con una fianza de 400.000 euros, para Bravo, que se acogió a su derecho de no declarar en el juzgado. Esta medida fue adoptada a petición de la fiscalía, que pidió su envío a la cárcel sin fianza ante el riesgo de fuga o de que alterara pruebas.

El PNV forzó el lunes pasado la dimisión como senador de un hermano del encausado

Bravo fue trasladado a la prisión donostiarra de Martutene a primera hora de la tarde, tras permanecer más de cuatro horas a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, Almudena Ovejero. La juez había ordenado su detención atendiendo a una solicitud realizada por la fiscalía el pasado jueves. Al juzgado acudió su hermano, Víctor Bravo, ex senador del PNV y ex director general de la Hacienda guipuzcoana cuando presuntamente ocurrieron los hechos delictivos, quien abandonó las dependencias judiciales ocultándose la cara con una caja de cartón. Víctor Bravo dimitió de su cargo de senador el pasado lunes, por exigencia de la dirección del PNV, asumiendo su "responsabilidad política", pero afirmando su "inocencia" en el caso.

El ex director de la oficina tributaria de Irún entre 1995 y abril de 2004, y acusado de dirigir la trama que presuntamente estafó más de cinco millones a la Hacienda foral, fue arrestado por la Ertzaintza poco antes de las diez de la mañana, cuando se encontraba en la gestoría Urdanibia que él mismo dirige. Sin embargo, en su comparecencia ante la juez que instruye el caso se acogió a su derecho a no declarar, tras lo que ésta dictó un auto de prisión provisional eludible con una fianza de 400.000 euros.

Esta decisión llega una semana después de un auto dictado por la misma juez en el que ordenaba la apertura de un procedimiento penal contra los cuatro imputados en la causa: José María Bravo, su esposa María Rosa Cobos, la ex funcionaria de la Hacienda guipuzcoana Pilar Gracenea y Pedro Atristain, socios del primero en diversos negocios y propiedades. En dicho auto, que llamaba a declarar a los acusados el próximo 26 de junio, no se establecía ninguna medida cautelar contra ninguno de los cuatro imputados, pese a que el ministerio fiscal había propuesto en su denuncia requerirles el pago de una fianza total de 1.033.915 euros.

El auto de prisión retrata a José María Bravo como el máximo responsable de una red que se apropió del dinero que cobraba a contribuyentes deudores, en lugar de ingresarlos en la Hacienda foral. Por ello, la juez le acusa de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial. En su escrito, explica que Bravo, mientras fue director de la delegación de Irún, recabó los nombres de contribuyentes morosos con la finalidad de "contactar con ellos, negociar la deuda y requerirles su pago, normalmente, en cuantía inferior a la debida". Recibía el dinero en metálico o en cheques, que "ingresaba en su cuenta", bien "de forma directa o a través de empresas de las que era administrador o copartícipe". La magistrada añade que Bravo, por último, "declaraba extinguida la deuda, así como la insolvencia del contribuyente y la prescripción del crédito" fiscal con la Hacienda foral.

La Diputación guipuzcoana sostiene que estas operaciones fraudulentas permitieron a Bravo y sus colaboradores en la trama embolsarse 1,5 millones de euros.

La juez recuerda que, en su declaración ante la Ertzaintza, el principal imputado de esta causa, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo, negó "en todo momento" que se apropiara de dinero, aunque apunta que la Diputación remitió después un detalladísimo informe que confirma que las cantidades satisfechas por los deudores fueron registradas como ingresadas en cuentas a nombre de Bravo. Y añade la magistrada: "A ello ha de unirse el patrimonio acumulado en este tiempo por el imputado".

Todos estos indicios son "suficientes", dice la magistrada, para considerar que José María Bravo se halla incriminado en los hechos que se le imputan. Ante "la importancia del fraude investigado" y "el considerable perjuicio patrimonial causado a la Hacienda foral", la juez considera "proporcionada y necesaria" la medida de enviarle a prisión. Además, cita la posibilidad de que se fugue el denunciado por tener su residencia fijada en el municipio francés de Urrugne.

La orden de prisión está justificada, añade, por el hecho de que continúan apareciendo "nuevos expedientes presuntamente fraudulentos y nuevos perjudicados", y "para evitar en este caso la alteración y ocultación de esas posibles pruebas".

José María Bravo podrá salir de prisión si deposita en el juzgado una fianza de 400.000 euros, una suma fijada "a la vista de la cantidad que podría haberse defraudado y del elevado patrimonio del imputado". El ex director es propietario de una mansión en la mencionada localidad vascofrancesa y de un hotel de lujo con spa y piscinas en Jerte (Cáceres), además de una vivienda unifamiliar y varias fincas ubicadas en este municipio extremeño; dos apartamentos en Marbella, dos fincas rústicas en Jaca (Huesca) y una plaza de garaje en Ávila. También es administrador y posee participaciones en una docena de empresas en total.