Civismo: de la alerta roja a la aplicación de la ordenanza

La obsesión por el civismo -o mejor, por su ausencia- se gestó hace cosa de dos años. Fue entonces cuando asociaciones de vecinos y representantes del comercio y la hostelería de Barcelona pusieron el grito en el cielo por el progresivo deterioro del espacio público y la convivencia: la suciedad, el ruido excesivo, el top manta, las litronas y los orines se apoderaron de las calles. Se encendió la alerta roja, incluso más allá del casco antiguo, lugar de paso de miles de turistas extranjeros.

Los portavoces de la sociedad civil dictaron su sentencia de culpabilidad: el Ayuntamiento de Barcelona había descuidado sus tareas. Y la oposición, integrada por CiU y PP, aprovechó para lanzarse a la yugular del gobierno -formado por PSC, ERC e ICV- al que acusó de haber mostrado una actitud demasiado "tolerante" ante ciertos comportamientos incívicos. Total, que lo que ocurría en el espacio público escaló hasta el primer lugar de las preocupaciones de los políticos.

Hasta que en el último pleno municipal de 2005 se dio luz verde a la archifamosa ordenanza del civismo y la convivencia, que nació en medio de polémicas cruzadas. Hubo división lo mismo en la calle que en el consistorio. Los críticos con la nueva norma -entre ellos Iniciativa, que votó en contra del texto y provocó la consecuente crisis del tripartito- denunciaron que estigmatiza a los más vulnerables (prostitutas y mendigos, entre otros) y que prohíbe o limita con demasiado celo ciertas expresiones sociales y culturales. Al otro lado de la trinchera tomaron posiciones quienes exigían aún más mano dura para alcanzar el imperio del civismo.

Pero si hay que hacer caso a las encuestas municipales, tres de cada cuatro barceloneses juzgan "positiva" una ordenanza que persigue y sanciona la mendicidad organizada, o sea, la que se ejerce con coacción o utiliza a menores; que prohíbe la prostitución cerca de escuelas o cuando supone un acaparamiento del espacio público, y que prevé sanciones para vendedores ambulantes, trileros y todos aquellos que sean pillados en flagrante haciendo sus necesidades en la calle. La norma municipal también prevé multas para quienes molesten con sus acrobacias en patín o bicicleta: entre 750 y 1.500 euros.

El balance del primer año de aplicación de la ordenanza ha logrado aplacar los ánimos y rebajar el nivel de alerta. La Guardia Urbana puso 53.000 denuncias, con las que el consistorio recaudó unos 450.000 euros. La venta ambulante fue la conducta más sancionada, seguida de las pintadas y del consumo de alcohol en la vía pública. En un año, además, las molestias por ruido bajaron el 28%.

Satisfactorio (PSC, ERC), insuficiente (PP, CiU) o innecesario (ICV), el caso es que el civismo ha salido del primer plano político. Al menos en lo que va de campaña electoral, el interés de los candidatos se ha desplazado hacia otros ámbitos: vivienda, servicios sociales, seguridad e inmigración. Prueba de ello es que los programas electorales de los partidos prácticamente no recogen nuevas propuestas, más allá de ahondar en la aplicación de la ordenanza. Aun así, el intenso debate generado en su día en Barcelona traspasó los límites de la ciudad, y ahora otros municipios se plantean la posibilidad de importar el modelo y adaptarlo a sus necesidades.