El Tribunal de Cuentas enjuiciará la gestión del PP en la Zona Franca

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, reveló ayer en el Congreso que este órgano abrirá diligencias previas para exigir responsabilidades contables por las irregularidades detectadas por este órgano en la Zona Franca de Cádiz durante los años 2001-2004, cuando eran delegados del Estado los dirigentes del Partido Popular (PP) Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna.

"Estamos recopilando la información para remitirla a la sección de enjuciamiento", confirmó Ubaldo Nieto. El Tribunal de Cuentas se centrará en el contrato millonario firmado con una empresa de Miami para crear la sociedad informática Rilco y en la compra de la compañía alimenticia Quality Food.

Esta actuación llega después de la solicitud de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y de la Abogacía del Estado a raíz del contenido del informe definitivo sobre la fiscalización del Consorcio de la Zona Franca gaditana que confirmaba las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos, la recepción de subvenciones o en la adquisición de empresas.

Según ese documento, las decisiones de los delegados del PP llegaron a poner en riesgo casi 31 millones de euros, más del 60% del patrimonio del recinto fiscal.

La Fiscalía ve indicios de responsabilidad contable en la actuación de los dos ex delegados, sobre todo, en relación a dos medidas: la puesta en marcha de la sociedad informática Rilco y la compra por parte de la Zona Franca de la mayoría de acciones de Quality Food, una medida por la que se pidieron préstamos y avales que también serán investigados por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, según reveló ayer su presidente en la comisión mixta Congreso-Senado.

Tras la intervención de Ubaldo Nieto, el diputado socialista Rafael Román anunció que su partido depositará este informe en los juzgados que ya están investigando las irregularidades detectadas en Rilco y Quality Food y por las que están imputados ambos delegados: Manuel Rodríguez de Castro, por malversación de caudales públicos, apropiación indebida y estafa; y Miguel Osuna, por un delito societario, al haber continuado con algunas actuaciones de su antecesor.

Román lamentó la ausencia en la comisión de la alcaldesa y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez (PP), quien podría haber asistido en su condición de senadora. "Así podría haber explicado por qué no vio ni se enteró de nada", dijo el diputado socialista.

La actuación del Tribunal de Cuentas contrasta con la versión ofrecida por el PP cuando se dio a conocer el informe de fiscalización a mediados del pasado mes de abril. Entonces el PP sostuvo que en ese documento no se apreciaba irregularidad alguna de la que pudiera derivarse responsabilidad en su gestión al frente de la Zona Franca.

El senador del PP, José Blas Fernández, acusó ayer al PSOE de haber utilizado electoralmente este informe y puso en duda la independencia del Tribunal de Cuentas.

La Fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, ya ha incorporado el informe de fiscalización de la Zona Franca a la documentación reunida en las diligencias abiertas en los juzgados gaditanos sobre Rilco y Quality Food.