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Los seguros se niegan a cubrir los 1.200 millones exigidos a las centrales nucleares

Los seguros en España se niegan a cubrir los 1.200 millones de responsabilidad que los convenios internacionales fijan como responsabilidad para las centrales nucleares. Así lo establece el anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. La norma elaborada por Industria aboga por que las empresas respondan por 700 millones y por establecer mecanismos en la tarifa para suplir los 500 millones restantes de responsabilidad. Greenpeace denuncia que esto demuestra el riesgo ilimitado de las nucleares.

Los Convenios de París y Bruselas sobre responsabilidad de las nucleares en caso de accidente fijan una obligación mínima para las empresas de 700 millones y un tramo hasta los 1.200 que corresponde a las centrales o al Estado. El Gobierno español ha optado porque las empresas paguen todo y que las centrales suscriban un seguro por valor de 1.200 millones. Aunque hay problemas. El borrador de ley establece que "se ha constatado que el mercado de entidades de seguros que opera en el territorio nacional no dispone de capacidad suficiente para prestar la garantía". Por ello, la norma afirma que "la tarifa eléctrica puede ofrecer dicha garantía para los daños no asegurables".

El responsable de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, denuncia que el recurso a la tarifa eléctrica es un "subsidio encubierto" a las nucleares y concluye: "Si las nucleares fuesen tan seguras y rentables como dice la industria no tendrían problemas para encontrar seguros".

Las centrales nucleares están exentas de la Ley de responsabilidad por daños al medio ambiente, que obliga a las empresas a reparar los daños al entorno que ocasionen sin límite de gastos.

El borrador fija que la fianza de 1.200 millones podrá ser un seguro, un aval o mezcla de ambas. Pero considera que para los avales "la tarifa eléctrica podrá proporcionar a los titulares la cobertura de riesgos no asegurables". Para los transportes de material nuclear, el seguro deberá ser como mínimo de 80 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de mayo de 2007