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Sentencia del 'caso Maeso'

2.000 años para el anestesista Maeso por contagiar hepatitis C a 275 personas

La Generalitat valenciana, responsable civil subsidiaria de indemnizaciones por 20,4 millones

La Audiencia de Valencia ha condenado al anestesista Juan Maeso a 1.933 años de cárcel por el contagio del virus de la hepatitis C a 275 pacientes en cuatro hospitales. La sentencia considera probado que el médico se pinchaba parte de los anestésicos que debía aplicar a los pacientes y con la misma jeringuilla y aguja pinchaba después al enfermo. El fallo fija en 20.374.065 euros las indemnizaciones. La Generalitat valenciana es responsable civil subsidiaria. La defensa de Maeso anunció ayer un recurso ante el Tribunal Supremo. La acusación estudia pedir el ingreso en prisión provisional del médico.

La ponente del tribunal, Carolina Rius, puso ayer fin con la lectura de la sentencia a nueve años de proceso por el contagio masivo del virus de la hepatitis C a 275 pacientes en cuatro hospitales valencianos. El anestesista Juan Maeso, de 66 años, ha sido condenado a siete años por lesiones a cada uno de los 275 afectados incluidos en el sumario y a ocho años por homicidio imprudente en el caso de los cuatro enfermos que han fallecido. En total, 1.933 años de cárcel, de los que cumplirá como máximo 20, tal como establecía el Código Penal de 1995, que se aplica en este caso, dado que los hechos ocurrieron entre 1988 y 1997.

Maeso queda inhabilitado para ejercer la profesión médica y deberá indemnizar con 20,4 millones de euros a los afectados y pagar las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a los 170 abogados. La Generalitat valenciana es la responsable civil subsidiaria.

La Administración autonómica comparte esa responsabilidad con Casa de Salud, el hospital en el que se produjeron 228 contagios, y con el centro médico Urotecno, una sociedad instalada en dependencias de Casa de Salud dedicada a pruebas de urología. La Generalitat valenciana es la responsable, y así lo recoge la ley, de velar por el sistema sanitario y establecer las inspecciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del mismo. La sentencia deja claro que la Administración será en última instancia quien deba pagar en todos los casos, con independencia de que el contagio se produjera en un centro público, como La Fe, o en uno privado, como Casa de Salud. Las víctmas estudiarán en breve solicitar el pago de las indemnizaciones, aunque la sentencia no sea firme.

Pruebas genéticas

El fallo ha asumido las tesis de los afectados y del fiscal. Maeso contagió a los 275 afectados porque se pinchó parte de los fármacos que debía aplicarles, y con la misma jeringuilla y aguja pinchó a los pacientes. Las pruebas realizadas durante quince meses de juicio, especialmente las genéticas, epidemiológicas y biológicas, concluyen que el anestesista intervino en todos los casos.

"El procesado es el causante de los contagios, por cuanto que es la única explicación que cubre todos los hechos y, efectivamente, no hay contagios en esos hospitales, quirófanos ni con esos equipos médicos después del cese de actividad del acusado", afirma el tribunal. Y añade en otro pasaje de los 300 folios que "tales contagios sólo pudieron producirse -puesto que la transmisión de la enfermedad exige contacto entre la sangre del portador del virus y la del sujeto a contagiar- porque Juan Maeso contaminara, con restos hemáticos propios, el material empleado para administrar por vía percutánea o parenteral la anestesia o sedación, y del material a los propios fármacos en sí".

El tribunal considera que del relato de algunos de los más de 600 testigos, queda claro que Maeso era consumidor de tóxicos. La sala explica que la relación con el contagio es directa respecto de aquellos pacientes que fueron atendidos por Maeso y cuya actuación médica queda acreditada en la documentación hospitalaria. Y no admite dudas respecto a 40 de los 275 afectados en cuyas historias clínicas aparece la referencia de otro anestesista o de ninguno en concreto. Para los magistrados, "el acusado, en ocasiones, sustituía a alguno de sus compañeros aun cuando no se dejara constancia documental de la sustitución, o los auxiliaba durante el acto quirúrgico en todo o parte de éste, por lo que no puede descartarse su intervención en las que figura otro anestesista".

La Audiencia de Valencia ha considerado que Maeso sabía lo que hacía. "Es innegable que el acusado, dada su condición de médico, era perfectamente consciente de la posibilidad de transmitir cualquier enfermedad infecciosa que padeciese y fuese susceptible de contagio por inoculación percutánea o parenteral a los pacientes a quienes, ignorándolo estos, imponía el compartir el instrumental y fármacos anestésicos o de uso en la UCI", recoge la sentencia. Y añade: "Es irrelevante el que el acusado efectivamente conociera -como alegan las acusaciones- o no, el ser portador en concreto del virus de la hepatitis C, por cuanto sí era sabedor del peligro de contagio de enfermedad hemo-transmisible que entrañaba su acción".

El tribunal ha establecido las siguientes indemnizaciones: para hepatitis leve asintomática, 60.000 euros; para afectación hepática leve con sintomatología, 75.000 euros; para afectación moderada, 90.000 euros; para afectación o perjuicio grave, 120.000 euros; y por fallecimiento causado por hepatitis C, 150.000 euros. Las víctimas aún no han cobrado nada.

"Por fin se ha hecho justicia"

El silencio se rompió en cuanto el presidente del tribunal pidió a los presentes que abandonaran la sala. "Por fin se ha hecho justicia. Tarde, pero se ha hecho". Lo repetían los afectados, una treintena, que asistieron a la lectura del fallo. Ana María Toril, viuda de Vicente Chaves, un paciente que murió el 11 de septiembre de 2005, un día antes de que se iniciara el juicio, hablaba y lloraba a la vez. Buscaba a Maeso. Pero el médico, ayer, no acudió al tribunal. "Me gustaría tenerle cara a cara, preguntarle por qué. Para mí ya es tarde. Nada me devolverá a mi marido. Pero hemos pasado tanto... y ni un perdón. ¡Si al menos hubiera pedido perdón!". Ana María se abrazó a otras víctimas. Le pudo la tensión. Una ambulancia se la llevó de la Ciudad de la Justicia de Valencia, presa de una crisis nerviosa.

Tras ella, quedaron decenas de historias. Vicente Valls expresó su satisfacción y, sobre todo, se acordó de sus hijos. "Cuando te enteras de esto, cuando sabes que tienes esta enfermedad y lo tienes que decir, es muy difícil. Mis hijos me dijeron aquel día que me querían más aún que antes. Y eso es muy importante. Yo, afortunadamente, estoy bien. Pero sé que la tengo. Y no sé cómo estaré dentro de cinco años o de diez. ¿Qué pasará entonces? No lo sé. Hoy sí sé que se puede confiar en la justicia", dijo.

Carmen Bonafé, una de las afectadas que más ha seguido el juicio, repetía también entre lágrimas: "Por fin nos han creído, por fin se ha hecho justicia. Que pague esto, que lo pague, que vaya a la cárcel, porque a nosotros nos ha dejado una condena de por vida. Yo me quedé estéril y lo perdí todo, la vida que tenía no me la van a poder devolver. Se merece esta condena".

Las historias, los abrazos, la búsqueda inmediata del abogado que durante nueve años ha sido su voz en el caso, el recuerdo de los que ya no están, fueron durante más de una hora el murmullo en un salón de actos que fue excepcionalmente sala de vistas. La mayoría no asistió a la lectura del fallo, pero los teléfonos dieron cuenta de lo que la presidenta de la asociación de afectados, Amparo González, calificó de "felicidad dolorosa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de mayo de 2007

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