La defensa del médico llevará al Supremo la condena

Francisco Davó, letrado de Juan Maeso, anunció ayer la inminente presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. Davó rechazó la resolución por entender que "de forma prácticamente mimética reproduce las tesis expuestas por el fiscal sin despejar ninguna de las evidentes incógnitas que se desprenden del propio relato de los hechos". Según el abogado, no existen pruebas para condenar a su cliente y se ha vulnerado el derecho a la defensa en tanto que, como ha insistido a lo largo del procedimiento a pesar de que no le ha sido estimado, muchas de las pruebas pedidas no se han practicado. Davó insistió en que "todavía no se sabe por qué se producen contagios de hepatitis C en los hospitales valencianos, y se han seguido produciendo después de que el doctor Maeso fuera imputado en esta causa".

En el lado contrario, en el de las víctimas, el objetivo es bien distinto. Las acusaciones particulares anunciaron ayer que en breve estudiarán una doble petición: de una parte el ingreso en prisión de Maeso; de otra, que se pague a los afectados aunque la sentencia no sea firme.

La ley recoge que en los casos en los que la condena sea de más de nueve años, cabe solicitar el ingreso en prisión provisional aunque el fallo esté en fase de recurso. La gravedad de los delitos que se han entendido probados y la dimensión de la pena harían, según varias de las acusaciones con mayor número de afectados incluidos en la causa, más que factible que la petición prosperara.

Sin distinción

Javier Carceller, fiscal del caso, celebró ayer la condena a Maeso y destacó "la importancia de que el tribunal haya considerado a la Generalitat como responsable civil subsidiaria en todos los casos, porque eso significa que las víctimas cobrarán y que no se hace distinción por el hecho de que actuara en un centro como médico público y en los demás como privado". Carceller precisó: "Llegado el momento estudiaremos no sólo si solicitamos el ingreso en prisión provisional de Maeso sino si cabe que presentemos recurso". El representante del ministerio público, a quien ayudó como segundo fiscal en la fase de juicio oral Enrique Remón, calificó de "justa" la sentencia. Y agregó: "El tribunal ha visto claro lo que le hemos planteado".

La Generalitat valenciana, por su parte, anunció ayer que no recurrirá la sentencia en la que se le hace responsable de pagar en último término los 20,4 millones de euros. El hospital Casa de Salud, sin embargo, sí recurrirá al Tribunal Supremo porque considera que no es responsable de los hechos y que actuó correctamente en cuanto fue advertida de la situación.