30 años de cárcel para un hacendado de Brasil por matar a una monja

En una sentencia sin precedentes, un terrateniente brasileño fue condenado en la madrugada de hoy, hora española, a 30 años de cárcel como inductor del asesinato de una monja estadounidense de 73 años que se había destacado durante dos décadas por su defensa de los campesinos sin tierra en la Amazonia brasileña y contra la acción depredadora de taladores de árboles y buscadores de oro en la selva.

Dorothy Stang fue acribillada con tres balazos en la noche del 12 de febrero de 2005 en una remota aldea del Estado de Pará, al noreste de Brasil por dos pistoleros. Stang presumía desde hacía tiempo que algunos hacendados de la zona habían decidido acabar con su vida y algunas noches antes del crimen incluso visitó a sus ejecutores para implorar que no la mataran.

Su asesinato causó una gran conmoción en Brasil. Aunque la violencia y el asesinato suelen ser frecuentes en la lucha que mantienen terratenientes y garimpeiros -buscadores de oro y piedras preciosas- contra pobladores, indígenas o campesinos sin tierra, la avanzada edad de la víctima, su nacionalidad estadounidense y el hecho de que fuera una religiosa católica en el país con mayor número de católicos del mundo, hizo que la acción tuviera una repercusión enorme y que el Gobierno tomara cartas en el asunto.

El punto culminante al proceso de esclarecimiento del asesinato ha llegado con la condena de Vladimiro Bastos de Moura, acusado de ordenar el asesinato de la monja y pagar a los sicarios una cifra en torno a los 22.000 dólares en un país donde el sueldo mínimo ronda los 150.

Testimonio fundamental

Bastos de Moura, quien llevaba ya un año en prisión y siempre ha proclamado su inocencia, contrató a los asesinos a través de otro hacendado, Amair Feijoli de da Cunha, ya condenado a 18 años de prisión, quien ha admitido su participación en la trama y cuyo testimonio ha resultado fundamental para llegar hasta el inductor del asesinato.

De los dos sicarios, uno de ellos fue condenado a 27 años de cárcel mientras el otro -que lo acompañó al camino de barro donde murió la monja, aunque iba desarmado- fue castigado con 17 años.

El caso Stang ha supuesto una auténtica prueba de fuego para la justicia local, acusada en ocasiones de hacer la vista gorda ante los abusos cometidos en el vasto territorio amazónico. El veredicto dado a conocer en Belem, la capital del Estado de Pará, y emitido por un jurado, fue acogido con exclamaciones de júbilo por cientos de personas que se congregaban a la puerta del tribunal.

La muerte de la misionera no ha sido la única acarreada por la codicia de los madereros en la selva. Once días después del asesinato de la monja el ecologista brasileño Dionisio Julio Ribeiro Filho, de 58 años, que se destacaba por defender una reserva ambiental que ayudó a crear en las afueras de Río de Janeiro, fue asesinado también a tiros.