La ley del Suelo permite expropiar Tablada por los siete millones que fijó Monteseirín

El Ayuntamiento de Sevilla llevaba semanas esperando a que el Congreso de los Diputados aprobara la nueva ley del Suelo para adaptar el expediente de expropiación de Tablada a la norma. El Parlamento aprobó la ley el pasado jueves y el gobierno municipal ya tiene preparado el acuerdo que llevará al próximo pleno. La espera no era en balde: el régimen de valoración de los suelos que establece la norma estatal coincide con los criterios que usó el Ayuntamiento para fijar en 6,8 millones el justiprecio de Tablada. La tasación municipal, muy inferior a la que piden los empresarios (210 millones), prácticamente cuadra con la que sale de aplicarle a los terrenos de la dehesa los coeficientes que marca la nueva ley.

La adaptación del expediente de expropiación de Tablada a la nueva ley del Suelo se incluirá en el orden del día del último pleno municipal del mandato, previsto para el próximo 18 de mayo. La propuesta de acuerdo que votarán los concejales pasa por "ordenar" a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo los estudios e informes necesarios "para completar y fortalecer" los pasos que ha dado el gobierno municipal en el proceso de expropiación de la dehesa de Tablada.

El texto del acuerdo recoge que el objetivo de la operación es "dedicar la totalidad de la misma a los usos verdes, paisajísticos y medioambientales" previstos en el nuevo PGOU, "adaptando" los expedientes iniciados sobre la delimitación de la reserva del suelo de Tablada a lo establecido en la ley del Suelo.

El documento que se llevará al pleno recoge las tres bazas fundamentales con las que ahora cuenta el Ayuntamiento y que quiere que se incluyan en el expediente de expropiación: el texto de la ley, la definición de Tablada como suelo no urbanizable que recoge el nuevo PGOU de Sevilla (aprobado el pasado verano por la Junta) y la existencia de un expediente abierto por el Gobierno autonómico para declarar la dehesa como parque periurbano.

Con la referencia al PGOU y a las intenciones de la Junta, el Ayuntamiento pretende que a los jueces no les quede duda de que la decisión de expropiar Tablada está justificada. Con la adaptación del proceso a la nueva ley, la intención municipal es rebajar el justiprecio.

Hasta ahora, la valoración económica de los suelos podía regirse por tres criterios distintos: tasar los terrenos teniendo sólo en cuenta su calificación urbanística, que es lo que hizo el Ayuntamiento al cifrar en siete millones el precio de Tablada (definida en el PGOU como suelo no urbanizable de especial protección); valorar el terreno por las expectativas económicas que pudiera generar, que es en lo que se basan los propietarios de Tablada para fijar en 210 millones su justiprecio; y, por último, tener en cuenta el llamado valor de comparación, un criterio en el que se ha basado a menudo la jurisprudencia del Tribunal Supremo para resolver sobre los justiprecios. En el caso de Tablada, el Ayuntamiento temía que, si los jueces se regían por este tercer criterio, pudieran tomar como referencia los 30 millones de euros que las cajas de ahorro sevillanas pagaron por Tablada en subasta pública o incluso los 82 millones que pagaron los promotores a las cajas poco después. Esta opción hubiera podido encarecer bastante el valor de la expropiación.

Pero la ley aprobada el jueves anula tanto la posibilidad de valorar las expectativas económicas como el valor de comparación. Es decir, los justiprecios se fijarán a partir de ahora exclusivamente en función de la calificación actual de los suelos. La nueva norma establece que esta valoración, en el caso de suelos rurales que como Tablada no han sido objetos de explotación real, se calculará "atendiendo al rendimiento de uso, disfrute o explotación" de los terrenos, que es prácticamente nula en la dehesa. El justiprecio saldría de sumarle a esa valoración un coeficiente (similar al IPC) que fija el Banco de España.

La nueva ley establece también que los jueces pueden aumentar el justiprecio que resulte de la operación anterior. Como mucho, el juez podrá doblar este precio. Este incremento tendrá que basarse en factores objetivos como la accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o de su situación en entornos de singular valor ambiental y paisajísticos.

Según los cálculos municipales, esta cifra casi cuadrará con los 6,8 millones en los que el Ayuntamiento tasó Tablada después de tener en cuenta el precio del metro cuadrado rústico y el valor catastral de la dehesa. La adaptación de la nueva ley a los intereses municipales no es casual, ya que el capítulo de expropiaciones de la norma estatal se ha negociado directamente entre el Ministerio de la Vivienda y el Ayuntamiento de Sevilla, al ser la de Tablada la mayor expropiación en marcha en España. El acuerdo que votarán los concejales en el próximo pleno incluirá también los nuevos usos de la dehesa acordados entre el Ayuntamiento y la Junta: espacios deportivos, un jardín botánico, una biblioteca y un cámping municipal.