Vizcaya arremete contra Madrazo por cuantificar las ayudas de dependencia

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que encabeza Javier Madrazo, y la Diputación de Vizcaya se han enfrascado en un nuevo enfrentamiento. A la relativa a la promoción de pisos protegidos, reabierta en los últimos días tras plantear el PNV que las diputaciones puedan construirlos en iguales condiciones que el Ejecutivo o los ayuntamientos, se une ahora otra por la ley de Dependencia, hasta ahora motivo de críticas del tripartito al Gobierno central.

La Diputación vizcaína culpó ayer en un comunicado oficial a Madrazo y a su viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, por actuar de forma "muy prematura y poco responsable" al asegurar que las ayudas a los cuidadores de personas dependientes superarán la renta básica. "Han incurrido en los mismos errores que el Gobierno del Estado al alimentar entre la población falsa expectativas sobre las ayudas económicas", aseguró la institución foral.

En la línea mantenida hasta ahora, la Diputación rechaza ofrecer públicamente estimaciones sobre las percepciones económicas que abre la ley de Dependencia. Argumenta que las instituciones vascas no han discutido aún cuál debe ser esa ayuda y reprocha que la consejería hable de unas aportaciones que van a pagar las diputaciones. "El objeto de las cuantías económicas es ayudar a realizar una labor de atención social en el propio domicilio y podrán beneficiarse personas que pueden o no tener ingresos, rentas o pensiones; por eso, no hay razón alguna para vincular la ayuda a los niveles de rentas básicas", añade.

Más de mil euros

La Diputación vizcaína aduce que las ayudas previstas para la atención a dependientes no persiguen convertirse "en una garantía de ingreso mínimo". "Si quien recibe la ayuda económica no tiene otros ingresos, habrá que articular la fórmula adecuada para que los tenga mediante una renta básica u otros ingresos económicos", indica.

La puesta en marcha de esta normativa, que garantiza ayudas a quienes cuidan de los dependientes, ha sido censurada por las instituciones vascas ya que no define las ayudas ni los servicios que prevé. Euskadi votó anteayer en la reunión en Madrid del Consejo Territorial de la Dependencia en contra de los criterios para repartir el dinero, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha fijado en 1.014 euros por cada persona dependiente, aportados a partes iguales por el Gobierno central y las comunidades autónomas.

El tripartito se ha opuesto porque sus relaciones ya se regulan en el Concierto Económico y los 9,5 millones que corresponden a Euskadi se encuentran por debajo del porcentaje del Cupo: suponen el 4,3% de la aportación estatal a todas las comunidades y aquel está fijado en el 6,24%. Asuntos Sociales ha censurado que la cuantía individual es inferior a la que recibe un vasco en situación de necesidad.