Bruselas da el visto bueno al crédito de la Generalitat para Chupa Chups

La Comisión Europea ha determinado que el crédito de 35 millones de euros que la compañía Chupa Chups recibió en 2003 del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad que depende de la Generalitat, no constituyen una ayuda estatal y, por tanto, no incurren en ninguna ilegalidad en el marco de la normativa europea. Según explicó ayer la CE, el crédito millonario que recibió la compañía catalana -ahora en manos del grupo italo-holandés Perfetti Van Melle- "se concedió en unas condiciones que habría aceptado un inversor en una economía de mercado".

No ocurre lo mismo con otra subvención de 900.000 euros concedida a la compañía y que Bruselas ha considerado "una ayuda estatal ilegal". Por eso, Chupa Chups tendrá que devolver 100.000 euros.

Bruselas puso en marcha una investigación en abril de 2005 sobre los 35 millones que la Generalitat prestó a ICF, a raíz de una denuncia presentada por un competidor de la confitera. Tras una evaluación preliminar, en enero de 2006 abrió el procedimiento formal de investigación para determinar si el crédito constituía una ayuda estatal y, por tanto, falseaba la competencia entre las empresas de los estados miembros.

Un portavoz de Chupa Chups ya aseguró entonces que las condiciones del préstamo del ICF establecían unos intereses de Euríbor más 1,12 puntos, un plazo de amortización de 12 años y la Casa Batlló, en Barcelona, tasada en 70 millones de euros, como garantía hipotecaria. La deuda de la empresa superaba los 100 millones cuando se le concedió el crédito en 2003. En 2004 se redujo a 45 millones.

Hoy, sus nuevos propietarios tratan de reflotar la situación.