La Diputación endosa toda la responsabilidad del fraude de Irún a anteriores cargos forales

La Diputación de Guipúzcoa se exculpó ayer de cualquier responsabilidad en el supuesto fraude cometido en la Hacienda de Irún. El portavoz foral, Koldo Azkoitia, aseguró que todos los expedientes irregulares corresponden a mandatos anteriores y anunció que la instiutución será implacable contra los culpables del caso. La Diputación, advirtió, colaborará con la justicia para llegar "hasta las últimas consecuencias" y "caiga quien caiga". El diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, comparecerá en las Juntas en plena campaña para aclarar este asunto.

La Diputación presidida por Txabarri, cuyo equipo cesará tras las elecciones del 27 de mayo, anunció su plena disposición a llegar "hasta las últimas consecuencias" en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la delegación que tiene la Hacienda foral en Irún. Según la denuncia interpuesta por la fiscalía, una trama en la que supuestamente participaron cuatro personas malversó al menos tres millones de euros.

La red estaba dirigida por el entonces director de dicha oficina tributaria, José María Bravo, hermano del senador del PNV Víctor Bravo, quien en el momento en que se produjeron los presuntos delitos era el director general de la Hacienda guipuzcoana. Azkoitia anunció que la Diputación va a continuar colaborando "codo con codo" con la policía judicial "caiga quien caiga".

Entre los posibles responsables indirectos se encuentra el citado senador. La dirección de su partido le ha citado hoy en San Sebastián para analizar la posibilidad de que abandone su puesto en la Cámara Alta por estar al frente de la Hacienda foral cuando su hermano dirigió supuestamente la trama de fraude en Irún.

El Gobierno foral rechazó que tenga ningún tipo de responsabilidad política en el fraude. Azkoitia aclaró que la totalidad de los expedientes sobre los que existe algún indicio de delito "corresponden a legislaturas anteriores". El fiscal delimitó entre 1995 y, como mínimo, abril de 2004 el periodo en que se realizaron los cobros a contribuyentes deudores, cantidades económicas que nunca fueron ingresadas en las arcas forales.

El portavoz precisó, en cambio, que ninguna operación fraudulenta fue tramitada después de 2003, cuando la Diputación pasó a ser gestionada por el equipo de Txabarri. Sostuvo que la mayoría de anomalías se cometieron en los años 90, aunque aclaró que las deudas fiscales prescriben a los cuatro años, por lo que la fecha de prescripción de muchos expedientes se extiende al periodo 2001-2004.

Comparecencia en campaña

Con este marco de fechas, el actual Ejecutivo foral trató en todo momento de distanciarse del caso, pero endosó las posibles responsabilidades políticas a los anteriores cargos de la Diputación y la Hacienda forales. Entre 1999 y 2003, el diputado general guipuzcoano fue Román Sudupe. No obstante, Azkoitia se esforzó en destacar que "el delincuente es quien delinque, no quien le nombra". La existencia de anomalías anteriores a 2003 "no presupone que haya una responsabilidad del cuadro político de anteriores legislaturas".

La única responsabilidad imputable a la actual Diputación, indicó su portavoz, es "haber cambiado nada más llegar [en 2003] a toda la cúpula directiva de la Hacienda anterior, de ordenar un plan de auditorías en áreas que no habían sido nunca inspeccionadas, de detectar irregularidades administrativas graves en la oficina de Irún y de poner en conocimiento del fiscal todos estos indicios".

"Todo lo que ha hecho el Gobierno foral actual ha sido colaborar estrechamente, efectivamente, directamente y lealmente con la fiscalía y la policía judicial", agregó.

Insistió en que ha sido la Diputación la que descubrió las supuestas anomalías contables en la Hacienda de Irún, que denunció a la fiscalía en septiembre pasado, 13 meses después de conocer los resultados de una auditoría interna.

El Consejo de Diputados aprobó en su reunión del pasado martes personarse como acusación en la causa como "parte perjudicada", como había adelantado la semana pasada el propio Txabarri. También dio luz verde a la comparecencia del diputado general y del responsable foral de Finanzas, Juan José Mujika, en las Juntas Generales para facilitar a los grupos toda la información que dispone la Diputación sobre este caso. La comparecencia podría celebrarse la próxima semana, en plena campaña electoral.

Azkoitia aprovechó para criticar las "informaciones malintencionadas" de los candidatos a diputado general del PP, Reginal Otaola, y de EB-Aralar, Mikel Izagirre, a quienes acusó de "cacarear" e intentar "pescar en río revuelto".