La Fiscalía de Sevilla denuncia que la mitad de los presos no pudo ir al médico especialista

La Fiscalía de Sevilla se sumó ayer a las críticas formuladas recientemente por la asociación Pro Derechos Humanos sobre la atención sanitaria especializada que se ofrece a los reclusos. Según los datos de la Memoria de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía sevillana, más del 50% de los presos que solicitaron este servicio entre agosto y diciembre de 2006 no pudieron acudir a su cita con el médico por falta de escolta policial. El Ministerio Público reclamó, a través de un comunicdo, que se renueve el acuerdo firmado en 1992 en tre la Junta e Instituciones Penitenciarias, que contemplaba que, para evitar los desplazamientos, el recluso fuera atendido en la cárcel siempre que fuera posible.

La Fiscalía sevillana considera que la atención sanitaria primaria en las cárceles de Sevilla "queda plenamente garantizada" por 22 médicos dependientes de Instituciones Penitenciarias, que garantizan servicio las 24 horas del día. Sin embargo, la atención especializada "quiebra" por "incumplimiento" del convenio que suscribieron en 1992 la Junta y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP).

Este incumplimiento, según el Ministerio Público, se nota dos aspectos: En la atención psiquiátrica, que es afrontada por la DGIP con recursos ajenos concertados; y en "fracasos de materialización" de los desplazamientos de internos para atención fuera del hospital, "la única alternativa de atención especializada al incumplimiento del Convenio". Según la Fiscalía, estos desplazamientos no se puede hacer a menudo "por insuficiencia de la fuerza policial de escolta"

"Parece evidente la necesidad de que se efectúe la revisión del convenio", advierte el Ministerio Público sevillano, quien denuncia que la situación actual supone la "vulneración al derecho a la salud" de los internos. La Fiscalía insta a "hacer real" la asistencia de los médicos especialistas en las cárceles, como proponía el convenio, "de forma que no quede a la voluntad de estos profesionales".

El Ministerio Público sevillano apuesta por adoptar convenios similares a los que está firmando la DGIP con otras autonomías, como Extremadura o Aragón. Estos acuerdos fijan un mínimo de horas para determinadas especialidades en las que los reclusos son atendidos en la prisión y establece un sistema de videoconsultas. El convenio extremeño hace un cálculo aproximado de reducción del 40% de las consultas externas.

La Fiscalía reclama además la creación de comisiones de seguimiento para supervisar todas las áreas afectadas y planificar los recursos necesarios para mejorar la asistencia de los internos. Según los datos de la memoria, de las 1.968 citas que pidieron el año pasado los presos de Sevilla para médicos especialistas, no se llevaron a cabo 741 (el 43,63%). La situación se ha visto agravada el segundo semestre, donde se superó el 50% de incumplimientos durante varios meses. La memoria denuncia asimismo la "saturación" del hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, cuya capacidad ideal se estima en 120 internos. La media en 2006 ha sido de 183 internos, a pesar de que sólo dispone de 180 camas, lo que obliga a ocupar las plazas de presos que disfrutan de permiso.