Ya sólo falta casi todo

Aprobada en noviembre, la Ley de Dependencia, la de más aliento social de la legislatura y la más importante iniciativa redistributiva desde la universalización de la sanidad, no acaba de arrancar. Es cierto que se trata de una norma muy compleja, y que su despliegue se ve complicado por la dificultad de su articulación con las comunidades autónomas, que son las encargada de aplicarla; razón de más para que el Ministerio de Asuntos Sociales, del que partió la iniciativa, apresure la puesta a punto de los mecanismos institucionales y de gestión necesarios para comenzar a actuar. De momento, el retraso se está manifestando en la fase de atención administrativa a los demandantes de las prestaciones y servicios. Los trabajadores sociales, en cuyas manos está esa función, se quejan de falta de personal con la formación adecuada y en algunas comunidades hasta de formularios para iniciar la tramitación de los expedientes.

La ley se desplegará gradualmente de aquí al año 2013, y en el actual sólo afectará a los calificados como grandes dependientes, unos 200.000, los que padecen discapacidades más graves. Esa extensión en el tiempo refuerza la necesidad de consensuar las líneas maestras de su aplicación por parte de comunidades de distinto signo político. El Consejo Territorial (compuesto por el ministro y los consejeros autonómicos de Asuntos Sociales) es el órgano adecuado para un desarrollo armónico de la norma, pero la reunión que celebró hace tres semanas sólo permitió avanzar en la fijación de los baremos para definir quién es dependiente y en qué grado. Queda lo fundamental: la creación (o ampliación, en las comunidades más avanzadas) de una red de servicios sociales a la altura de los compromisos de la ley, y de un sistema de financiación garantizado.

Frente a la idea de que las diferencias programáticas entre derecha e izquierda se han diluido, la experiencia indica que casi todos los avances en materia social nacen por iniciativa de la izquierda, si bien los Gobiernos de derecha los mantienen y a veces mejoran cuando gobiernan; pero el punto débil de muchas de esas iniciativas legales es su desarrollo: tanto en el aspecto administrativo como en el de los medios. De poco sirve una gran ley si luego se retrasa la construcción de las instalaciones (residencias, por ejemplo), no se las dota del personal adecuado o no existe financiación suficiente para los servicios y prestaciones.