Madrid fue en 2002 la primera región que prohibió el 'botellón'

Beber alcohol en la calle está prohibido en Madrid desde hace cinco años. La Ley de Drogodependencias, aprobada en junio de 2002 por la Asamblea de Madrid, fue pionera en vetar el botellón y muchas de sus disposiciones fueron copiadas por los proyectos estatales del PP y el PSOE, que finalmente fueron retirados. Participar en una de estas fiestas callejeras se castiga con multas no inferiores a 300 euros que se sustituyen por trabajos en beneficio de la comunidad en caso de que el infractor sea menor. Los que vendan alcohol a menores se arriesgan a pagar hasta 600.000 euros y queda estrictamente prohibida la venta para todos (mayores o menores) a partir de las diez de la noche.

Con Mariano Rajoy como ministro del Interior, el PP trató de extender las prohibiciones a toda España en 2002. El anteproyecto de ley redactado por su departamento preveía sanciones de hasta 600 euros y retirada temporal del carné de conducir para los que hicieran botellón o trabajos en beneficio de la comunidad en caso de que fueran menores. El anteproyecto del PP restringía la venta nocturna a bares y discotecas y sancionaba con hasta 135.000 euros el despacho de alcohol a menores. Pero la iniciativa, que fue presentada por el propio Rajoy, no llegó al Congreso.

La siguiente iniciativa estatal partió del Ministerio de Sanidad en lugar del de Interior. En lugar de poner el acento en el orden público, el proyecto socialista buscaba promover la salud de los ciudadanos, aunque, como el anterior, fue retirado debido a la feroz oposición del sector del vino a tres meses de las autonómicas y municipales. A diferencia del proyecto del PP, el del PSOE se dirigía únicamente a los menores, a los que prohibía taxativamente el consumo, aunque también impedía la venta nocturna fuera de bares y restaurantes y la publicidad en horario infantil.

Del resto de comunidades, sólo Andalucía ha aprobado su ley antibotellón, el pasado octubre. La norma no prohíbe las concentraciones callejeras, pero trata de acotarlas. La norma las circunscribe a recintos habilitados por los ayuntamientos, los llamados botellódromos, que ya se han abierto o se están preparando en capitales como Sevilla, Granada o Córdoba. La ley andaluza prohíbe el consumo a los menores y la venta para beber en la calle. Las multas para los particulares ascienden a los 300 euros y a los 60.000 para las empresas. Otras comunidades, como Galicia, preparan normas similares, pero en regiones como Castilla y León o Asturias, aún se permite la venta de alcohol a menores a pesar de que, según el Ministerio de Sanidad, la edad de inicio en el consumo ha descendido a los 13 años.