Salud investigó a cargos del departamento que tenían empresas que recibieron contratos sanitarios
El Departamento de Salud investigó hace un año unos hechos que CC OO ha puesto en manos de la fiscalía. El sindicato denunció ante el fiscal que empresas y altos cargos del departamento en Tarragona se beneficiaron de contrataciones que llevó a cabo la misma Administración sanitaria.
La denuncia del sindicato aporta un contrato firmado por la empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (Gipss), dependiente del departamento que dirige Marina Geli, para el servicio de mantenimiento, consultoría y asistencia informática por 29.900 euros anuales. La empresa que obtuvo este contrato fue la empresa Critic, integrada por Jordi Grifoll, coordinador informático de atención primaria de Tarragona, e Ignacio Pascual, ex gerente del Institut Català de la Salut en Tarragona.
Esto es lo que CC OO denunció hace un año. Primero ante el propio Departamento de Salud y desde el pasado día 17 ante la Fiscalía de Tarragona. El ejemplo anterior, un contrato suscrito el 23 de mayo de 2006 entre el gerente de Gipss, Lluís Bachs, y Jordi Grifoll es sólo la punta del iceberg de un entramado, según CC OO, que se extiende a siete altos cargos de la administración sanitaria tarraconense.
Uno de los denunciados, Cristóbal Cañete, era en 2001 junto a Grifoll el apoderado de Meeting & Congress, la firma que organizó en mayo de ese año el Congreso de Tecnologías de la Información para la Salud. Cañete es jefe de administración de un área de Salud en Tarragona. "Cuando cambió el gobierno en 2003, cambiaron los consejeros del gobierno, pero no quisieron o no pudieron echar a esta corruptela", denunciaban ayer fuentes sindicales aludiendo a la sustitución de CiU por el tripartito de izquierdas al frente de la Generalitat.
Salud, en cartas enviadas a los denunciantes, admite que el caso de Grifoll y la empresa Critic puede representar una falta grave, aunque Salud advierte de que esta falta habría prescrito al haber pasado más de seis meses desde su comisión.
"Hasta usaban el fax o el móvil de su trabajo público para enviar o recibir documentos de sus empresas privadas. Todo ha quedado en nada, por eso vamos a la fiscalía", señalaban ayer desde el sindicato CC OO. El Departamento de Salud, a través de su delegado en Tarragona, Felip Infiesta, ha quitado hierro al caso. Infiesta, que no quiso ayer hacer declaraciones, dijo anteayer a El Periódico que "hace meses, tras una denuncia, se efectuó una profunda investigación que no halló materia punible".
