Aplazar la utopía, defender la dignidad
Hace 30 años, cuando el PCE fue legalizado, algunos pensaron que el partido que encabezó la lucha contra el franquismo enterraba su utopía republicana para acatar una monarquía que le reconocía su legalidad. Otros pensamos que fue un aplazamiento -tal vez por mucho tiempo- de esa utopía, para poner fin al sufrimiento y recuperar la dignidad.
La legalidad internacional no es un guión escrito de antemano que sólo espera que lo interpreten al pie de la letra unos actores. Es un marco para asegurar el respeto de los derechos de los pueblos. Pero el derecho de autodeterminación no presupone, obligatoriamente, la independencia, sino la libre decisión sobre su destino.
El pueblo saharaui puede ver materializada, por primera vez en su historia, la oportunidad de ejercer esa autodeterminación. Depende del coraje político de los unos y los otros. Por primera vez en la historia del conflicto, tras varios intentos fallidos de referéndum, hay encima de la mesa dos proyectos coherentes que reconocen el derecho al autogobierno del pueblo saharaui. No es un hecho menor el que, al fin, tras 30 años de practicar la política del avestruz, Marruecos haya hecho público ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante la opinión pública internacional, un proyecto de autonomía con credibilidad que cuestiona su propio sistema institucional y que, de ponerse en práctica, obliga -se dice expresamente en el texto- a una revisión constitucional que puede acabar por cambiar bases importantes del sistema. De hecho, por primera vez, se habla de elección de un presidente por una asamblea parlamentaria electa, con muy amplias competencias, algo que no existe en la escala nacional y que sin duda la revisión constitucional debe corregir, reforzando el carácter verdaderamente parlamentario de la monarquía.
Los dos proyectos sin embargo pretenden organizar momentos diferentes del proceso de autodeterminación. Mientras el proyecto del Frente Polisario marca las pautas del posreferéndum, ofrece garantías para la etapa posterior a la independencia, presuponiendo que ésta triunfe en la consulta, el proyecto presentado por Marruecos quiere evitar precisamente esa independencia, ofreciendo garantías y anchos espacios de participación a través de una amplia autonomía alternativa a la independencia. Mientras el Polisario quiere negociar después, Marruecos quiere hacerlo antes. Mientras el primero lanza como idea única la independencia, aferrándose al referéndum-panacea para el que dice estar dispuesto a negociar con Marruecos las modalidades de su celebración, Marruecos insiste en negociar el contenido del referéndum, que al fin y al cabo es lo que importa: cómo organizar el futuro para que los saharauis ejerzan el control de su territorio. Porque, autónomo o independiente, la clave es saber cómo será la organización de la vida práctica, qué grado de libertades efectivas podrán ejercerse, qué fuerzas en juego se encontrarán en la arena el día de después. A quienes esgrimen que el historial democrático de Marruecos no es garantía suficiente para asegurar un futuro de libertad, conviene recordárseles que el Frente Polisario no supo en 30 años salir de la lógica del partido único. Lo que no es, desde luego, una garantía de democracia.
Marruecos propone negociar las competencias de la autonomía poniendo como límites los atributos de soberanía, la institución monárquica, la seguridad nacional y la defensa exterior, con el objetivo de someter a consulta de la población concernida un documento consensuado que evite a ambas partes los riesgos de lanzarse hacia un vacío de incertidumbre.
Aceptar esta vía implica desde luego un clima de confianza mutua, que por ahora está lejos de encontrarse. Marruecos promete una amnistía general que excluya toda persecución, detención o intimidación de la otra parte, aunque para mostrar su buena voluntad, no debería esperarse a que se inicien las negociaciones (poco previsible por ahora, dada la oposición del Polisario al proyecto), sino acabar con la política represiva que hasta ahora ha sido la práctica habitual en la región.
Aquí es donde cobra sentido el título de este artículo. Aplazar la utopía de la independencia para apostar por negociar una salida que garantice la dignidad, implica una responsabilidad enorme para un movimiento que lleva más de 30 años defendiendo como única salida la independencia. Difícil decisión cuando se tiene detrás una opinión pública exterior enardecida que le exige -desde su cómoda instalación en la sociedad del bienestar- no traicionar sus objetivos iniciales. Pero aplazar la utopía no significa perder de vista los objetivos finales de un verdadero autogobierno, compatible con los logros inmediatos (repatriación, reinserción completa en el territorio, garantías de un futuro digno en condiciones de seguridad y protección de sus bienes, según reza el texto) que se asegurarán en el proceso negociador que culminará con el referéndum pro autonomía. Significa también aceptar convertirse en defensor legal -aunque no exclusivo- de los derechos de los saharauis.
Eso exige naturalmente que Marruecos ofrezca y garantice canales políticos para la expresión de las aspiraciones regionales en proyectos divergentes. ¿Se puede acaso imaginar que el Frente Polisario podría autodisolverse sin transformarse en un movimiento nacionalista saharaui que aspire a defender los derechos de su pueblo? Pero para ello no basta una amnistía que borre el pasado, sino amplias garantías que aseguren la seguridad de militantes y dirigentes, así como su libre actividad política dentro del marco que libremente se negocie y acepte. Evitando así ese sentimiento derrotista de los dirigentes polisarios que aseguran que si no se logra la independencia ellos se exiliarían a Mauritania o Argelia.
El Polisario debe saber, por su parte, que una solución como la que Marruecos propone que se negocie, no es un signo de derrota, sino de confirmación de la justeza de su causa, de que su lucha ha merecido la pena. La oferta autonómica que Marruecos plantea negociar implica costes severos para el régimen marroquí que va a salir cambiado de la operación. Aunque reforzado en su imagen exterior. No es un proyecto para mantener el statu quo, sobre todo si la otra parte decide jugar el juego de la autonomía como con verdadero coraje político hizo al aceptar en 2003 el plan Baker II. La implicación del Polisario en la concreción de la autonomía, como la del PCE en la operación de la transición española, supondría un punto de no retorno en la marcha de Marruecos hacia la democracia y en la construcción del Magreb de los pueblos. Y desde luego, lo más importante, terminar con el sufrimiento real y cotidiano de los saharauis, evitándoles otros 30 años de vagar en la hamada.
Bernabé López García es catedrático de Historia del Islam contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid.
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