Gobierno y fiscal preparan la impugnación de al menos el 30% de las listas de ANV

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, preparan la impugnación de al menos el 30% de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) a las elecciones del 27 de mayo, según fuentes jurídicas. Ambas instituciones analizan minuciosamente las candidaturas de dicho partido para comprobar vinculaciones con la ilegalizada Batasuna. El auto del pasado sábado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que rechazó suspender las actividades del partido y la jurisprudencia del Constitucional dejan un "margen de maniobra muy estrecho" para una posible ilegalización de ANV.

El Ejecutivo tomará su decisión sobre ANV con "criterios jurídicos y no políticos"

La participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales del 27 de mayo a través de ANV ha abierto un debate político apasionado. El PP y algunas asociaciones de víctimas han exigido al Gobierno que promueva la ilegalización de ANV al identificarlo con ETA-Batasuna. A su vez, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PNV han reclamado al Ejecutivo que "no se guíe por sospechas" en el caso de ANV y han aplaudido el auto del juez Garzón de ayer que, por la vía penal, rechaza la suspensión de la sigla histórica -nacida en 1930 y renacida en 1977- al no estar acreditada su vinculación con ETA-Batasuna, pese a situarse en la izquierda abertzale.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha adelantado que guiará su actuación por "criterios jurídicos y no políticos" en la aplicación de la Ley de Partidos. De acuerdo con este criterio, tanto los servicios jurídicos del Estado como la Fiscalía impugnarán el próximo 3 de mayo, -día en que finaliza el plazo para hacerlo- todas las agrupaciones electorales que lleven el lema Sozialista Abertzaleak, que Batasuna identifica como propio.

El problema se plantea con ANV, una sigla histórica, nacida en 1930, resurgida en 1977, con la a democracia, y en cuyos estatutos se repudia la violencia. En las 255 listas que ha presentado para concurrir a estas elecciones figuran numerosos miembros de la izquierda abertzale, pero Batasuna no reconoce oficialmente la formación como suya.

El auto del juez Garzón, al no suspender a ANV por la vía penal, deja al Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, vía libre de actuación por la Ley de Partidos. Garzón, aunque no tiene competencia para ilegalizar ANV, ya que corresponde al Tribunal Supremo, marca criterios que influirán en el abogado del Estado y la Fiscalía al señalar la ausencia total de vinculación de ANV con ETA-Batasuna.

Según dicho auto, ANV no ha sido creada ni dirigida por ETA ni tampoco ha estado bajo su disciplina. Tampoco es un instrumento de ETA-Batasuna, pues se trata de un partido legal desde 1977 y no consta que sus estructuras hayan sido fagocitadas por otras organizaciones ilegales. Se inserta en la izquierda abertzale, aunque no en la que definen ETA-Batasuna. "No se puede producir una cadena inacabable de suspensiones ni ilegalizaciones si no hay indicios probatorios incontestables", insiste Garzón en su auto.

El Gobierno tendrá en cuenta estos aspectos para argumentar su decisión, pero aún no descarta iniciar el proceso de ilegalización de ANV. También tendrá en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, recogida en su sentencia de 2003, en la que ofrece garantías a la izquierda abertzale al señalar: "Este tribunal no puede admitir que se confiera relevancia alguna al hecho de que dos candidatas integradas en la agrupación hayan concurrido por los partidos ilegalizados a las elecciones municipales de 1983 y 1991 y lo hagan ahora en las autonómicas en puestos tan poco relevantes como los números 17 y 25".

Aunque el Gobierno aún no ha tomado una decisión, está comprobando que muchas de las candidaturas de ANV no vulneran la Ley de Partidos al no ser sus candidatos personas relevantes de formaciones ilegalizadas como Batasuna, de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional. Muchos candidatos pertenecen a la izquierda abertzale y son militantes y afiliados del sindicato LAB, legal, y uno de los de mayor afiliación en Euskadi.

El Gobierno comparte con Garzón que las candidaturas de ANV se sitúan en el campo de la izquierda abertzale. Pero éste es un campo muy amplio en el que, además del sindicato LAB, se ubica, por ejemplo, Aralar, otra formación escindida de Batasuna en 2000, que, a su vez, condena la violencia, lo mismo que ANV en sus estatutos.

Esta línea garantista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional trata de amparar un derecho básico, como es la participación electoral, y de evitar, con una aplicación restringida de la Ley de Partidos, una limitación de derechos a muchos ciudadanos y condenar a perpetuidad a ex miembros de ETA o de Batasuna, como sucede con militantes de la izquierda abertzale o de otras formaciones, como el PSE, que cuentan en sus filas con ex etarras.

Fuentes jurídicas señalaban ayer "improbable" que la Abogacía del Estado promueva la ilegalización de ANV, en atención a estos criterios. Lo que previsiblemente sucederá es que el Gobierno y la Fiscalía promuevan la ilegalización de candidaturas de ANV, en las que haya "personas relevantes" de Batasuna, y que se calculan en, al menos, el 30%.