Reportaje:

Indicios "clamorosos" de delito de cargos del PSOE en Granada

El juez investiga el patrimonio del alcalde y un ex concejal socialistas en Armilla (Granada) tras permitir un centro comercial

Podía ser uno más de los nuevos centros comerciales que nacen como setas, trufados de irregularidades urbanísticas, en Andalucía. Pero la construcción del colosal centro comercial Parque Nevada en Armilla (Granada) ha rebasado los pequeños apaños entre promotores y alcaldes para solventar irregularidades, hasta abrigar la comisión de delitos debido a los patentes excesos urbanísticos. El juez instructor del caso, Miguel Ángel del Arco, ha dictado un prolijo auto en el que paraliza las obras y censura con extrema contundencia la gestión del alcalde, José Antonio Morales (PSOE), su ex concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación de Granada, Gabriel Cañavate, y el famoso promotor Tomás Olivo.

Las obras son "una burla al sistema de garantías legales", según el magistrado

"Desde su comienzo, son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. No han funcionado en lo más mínimo, ni han existido, los controles directos ante una obra realizada a vista, ciencia y paciencia", critica el auto. El magistrado investiga ahora el patrimonio de ambos políticos, después de imputarles por prevaricación e infidelidad en la custodia de documento público, para determinar si ha existido el delito de cohecho (soborno). Olivo, multimillonario constructor de otros 57 centros comerciales, ya está imputado por dicho delito en el caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella.

Cañavate dimitió de todos sus cargos tras desvelarse su patrimonio el pasado octubre, mientras que Morales no se presentará a la reelección a la alcaldía tras saltar el escándalo. Ambos han incrementado sus bienes de manera ostensible con diversas viviendas en Armilla y en la costa granadina en los últimos años, pero alegan que les tocó la lotería y que están dispuestos a colaborar con la Guardia Civil con transparencia. El alcalde socialista añade que disfruta de una herencia familiar.

El PP denunció que la policía obviara las escuchas telefónicas, mientras que éstas han resultado claves en el caso de corrupción urbanística en Alhendín, un pueblo vecino donde hasta cuatro concejales populares, incluido el ex alcalde, están imputados por hasta cinco delitos.

Las obras ya fueron suspendidas por otro juzgado, pero tras la autorización para realizar trabajos de seguridad, Olivo se excedió hasta incluir el revestimiento de columnas con láminas de mármol "con fines exclusivamente estéticos", entre otras reformas, según un informe del Seprona.

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El juez denuncia sin tapujos el modus operandi trazado por el consistorio de Armilla en connivencia con el promotor: "Como tantas veces ha ocurrido en Granada y en este país, la trama era esperar que el PGOU (Plan General) de Armilla encajara el edificio en los suelos tal como está construido. También iba a encajar el tema de alturas y demás irregularidades, es decir, se hacía un traje a medida". Para el magistrado, lo sucedido entraña un obvio desprecio de la ley, "una vulneración casi continua de las normas, (...) una burla al sistema de garantías legales en su conjunto".

Las obras están a punto de culminar el espectacular complejo de 60.000 metros cuadrados, denostado por el juez como "un Leviatán de hierro y cemento en plena Vega".

A pesar de sus dimensiones, el complejo no cuenta con proyecto de ejecución de obras presentado en el consistorio, que ha recaudado 3,5 millones de euros en impuestos, e invade diversas zonas verdes, según el Seprona.

Y si alguien pone reparos, siempre hay a quien preguntar que le parezca bien. El informe contrario al centro comercial planteado por el abogado municipal no fue tenido en cuenta por el alcalde y el ex concejal, quienes encargaron informes favorables a un gabinete jurídico externo. "Es impresionante la serie de informes técnicos respecto a la obra, y cómo éstos fueron siempre ignorados", denuncia el magistrado.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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