El alcalde de Cudillero dice que su proceso tiene fines electorales

El alcalde de Cudillero, Francisco González, del PSOE, que el próximo octubre será juzgado por un supuesto delito de prevaricación en la ordenación sobre el territorio por el que un vecino le pide una pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial, afirmó ayer que "el proceso abierto por un particular responde a fines políticos y partidistas, inmersos en una campaña electoral", en la que pretende revalidar su cargo como alcalde.

El regidor se fundamenta en que la fiscalía ha interesado su "libre absolución" y que el aplazamiento hasta octubre de la vista oral, que debería haberse celebrado el 6 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, fue solicitada por la parte querellante. González señala que el demandante está "muy ligado con lazos familiares y afinidades políticas" al PP y le acusa de dilatar el procedimiento "sin otro objetivo que buscar que el proceso permanezca abierto durante el periodo electoral".

El alcalde dice que la familia demandante tiene afinidad política con el PP y parentesco con Carmen Pérez de la Mata, número 2 de la candidatura de este partido en los comicios municipales del 27 de mayo. "Pérez de la Mata y el denunciante [familia Riera] son primos", asevera el regidor.

Una vez que la fiscalía se ha pronunciado en tres ocasiones, entre 2005 y 2006 a favor del sobreseimiento del caso y absolución del acusado, la solicitud, en marzo, de aplazamiento de la vista oral por la parte querellante es interpretada por el regidor y candidato socialista al empeño de intentar "arrebatar los votos de los electores empañando la imagen del alcalde". "Parece del todo ilógico que sea el demandante quién ha querido dilatar este juicio cuando lo más razonable sería que, junto conmigo, fuera el más interesado en conocer la sentencia", señaló González.

El alcalde sostiene que la licencia expedida para construir 24 pisos en el Pito "no fue arbitraria ni personal, ni tan siquiera otorgada por decreto expreso del alcalde", sino "acordada por unanimidad de la comisión de gobierno municipal" y que, si bien el Principado de Asturias la recurrió ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ésta "desestimó la denuncia".