El magistrado destaca "los clamorosos indicios de delito"

El magistrado Miguel Ángel del Arco incidió ayer en el aspecto más controvertido que conlleva la construcción del centro comercial Parque Nevada: la supuesta infracción de las normas urbanísticas vigentes por parte del promotor Tomás Olivo, así como la connivencia por parte de los responsables políticos del Ayuntamiento de Armilla. "Son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio". "¿Cómo se puede iniciar una obra sin proyecto de ejecución y acabarla?", interroga el juez en el auto.

La defensa de Olivo pretendió obtener ventaja de la confusión creada por la gestión del ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, que dimitió el pasado invierno. "Es imposible hablar de prevaricación cuando se emiten tantos informes", alegó el letrado del empresario, que fue rebatido a continuación tanto por la Fiscalía como por el magistrado. El letrado municipal, José Luis Santana, y la jefa de Urbanismo, María Encarnación Ruiz, expusieron sus reparos a las actuaciones proyectadas por el promotor, pero finalmente el consistorio encargó nuevos informes jurídicos externos que dieran el visto bueno necesario. "Los técnicos fueron ignorados en sus requerimientos con el beneplácito de los miembros de la corporación local". "Es impresionante la serie de informes técnicos respecto a la obra y proyecto urbanístico, y cómo fueron siempre ignorados", censura el magistrado. Los ingresos percibidos por el consistorio en la promoción inmobiliaria de Olivo del complejo Parque Nevada suman más de 3,5 millones de euros.

Por otra parte, en la argumentación del juez subyace que la creación de empleo no debe justificar la infracción de la legislación urbanística. El promotor Tomás Olivo ha recordado en sus comparecencias la creación de 6.000 puestos de trabajo que conllevaría la puesta en funcionamiento del centro comercial. Sus quejas han sido numerosas. "Éste es el proyecto de tramitación más largo de los 58 centros comerciales que he construido en España", protestó el promotor murciano en su declaración ante el juez. Olivo se lamentó de que debido a las paralizaciones impuestas a las obras, sufre un perjuicio anual de más de 60 millones de euros.