La CNE se reserva el derecho a anular las decisiones que tome Enel en Endesa

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) autorizó ayer a Enel la compra de hasta el 24,9% de Endesa. Pero al mismo tiempo puso fuertes cautelas a la presencia del Gobierno italiano en el accionariado de Enel con una condición inédita hasta ahora. El regulador podrá anular decisiones de Endesa aprobadas con los votos de Enel cuando considere que afecten al "interés general" o la "seguridad pública" del suministro. Un derecho de veto que la CNE vincula al control estatal de Enel y que volverá a revisar cuando analice la OPA de la eléctrica italiana y Acciona sobre Endesa.

Enel ya controla el 24,9% de Endesa tras gastar en marzo 10.331 millones en la compra de acciones de la eléctrica española. Sin embargo, hasta ahora sólo mantenía la propiedad directa de un 9,9% de Endesa, ya que pasar de ese límite requería del visto bueno de la CNE. El resto del accionariado (15%) lo adquirió de forma indirecta mediante acuerdos con Mediobanca y UBS.

La autorización aprobada ayer por la CNE (con el rechazo de tres consejeros afines el PP) permite a Enel asumir la propiedad directa de todas sus acciones en Endesa. Un visto bueno -también para llegar hasta el 24,9%- que ya dio en 2006 a Acciona, el socio de la eléctrica italiana en la operación para controlar Endesa. La naturaleza pública de Enel es el talón de Aquiles de una operación que ha frustrado la adquisición de Endesa por la eléctrica alemana E.ON e incorpora a un grupo español (Acciona) al puente de mando de Endesa, una solución bien vista por el Gobierno español. Las condiciones establecidas ayer por la CNE constituyen las primeras salvaguardas ante la naturaleza pública de la eléctrica italiana.

El regulador de la energía se reserva el derecho de "ordenar motivadamente la revocación de cualquier acuerdo [de Endesa] para cuya aprobación haya sido necesario el voto de los representantes de Enel" en la eléctrica española. El regulador agrega que tomará una medida tan drástica cuando considere que las decisiones de Enel en Endesa puedan "tener un impacto negativo sobre el interés general o la seguridad pública españoles".

Este derecho de veto se podrá ejercer hasta un mes después de la celebración de cualquier junta de accionistas o consejo de administración de Endesa en el que se hayan adoptado acuerdos con el apoyo de Enel. La CNE especifica que endurece las condiciones "con la finalidad de prevenir los riesgos adicionales (...) derivados de los poderes que ostenta el Gobierno de la República italiana en el seno de Enel".

Fuentes del Gobierno precisaron que este tipo de salvaguardas tienen un efecto más disuasorio que práctico. Y añadieron que estas condiciones también buscan incentivar que el Gobierno italiano elimine las restricciones que facilitan el control público de Enel.

La CNE espera que Bruselas acepte su acuerdo. El riesgo para el suministro energético de un país es uno de los pocos argumentos que pasa por el aro de Bruselas para justificar la anulación de una decisión empresarial por un regulador público. La resolución de la CNE se apoya también en el concepto de reciprocidad entre Estados, dado el poder del Gobierno italiano en Enel. La CNE establece que el derecho de veto quedará "sin efecto" cuando Enel deje de ser controlada por el Ejecutivo italiano (tiene un 31% del accionariado).

Los riesgos que invoca la CNE están definidos en la Ley del Sector de Hidrocarburos y hacen referencia a garantizar que las instalaciones claves (centrales eléctricas, gasoductos, redes de distribución) se mantengan en marcha y que se lleven a cabo las inversiones comprometidas para cubrir necesidades energéticas en el futuro. Una definición amplia en la que cabrían algunos de los aspectos del acuerdo entre Acciona y Enel por su impacto estratégico, como el reparto de activos comprometido si hay desacuerdo en la gestión de Endesa.

Esperar y ver

Enel, que ayer no se manifestó, puede impugnar la resolución de la CNE ante el Ministerio de Industria. Pero tiene también la opción de esperar a ver qué ocurre con la tramitación de la OPA a 41,3 euros por título que acaba de formalizar sobre el resto del accionariado de Endesa. La CNE tiene que elaborar un informe sobre la oferta y revistar estas condiciones. Pero su posición respecto a Enel parece clara.

Hace sólo una semana, la CNE ya recomendó al Gobierno que se reserve su propio derecho de veto por las mismas razones aducidas ayer antes de levantar otro de los límites que afecta a la eléctrica italiana: el tope del 3% al ejercicio de derechos políticos que afecta a una empresa de naturaleza pública en el sector energético. Una restricción que el Ejecutivo central ya ha anunciado que va a eliminar en mayo.