El Poder Judicial considera que la juez que rechazó las bodas gays cometió una falta grave

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se inclina por sancionar por falta grave a la juez de Registro Civil de Dénia (Alicante), Laura Alabau. La juez calificó de "ilegal" y "sólo promovida por intereses políticos y propagandísticos" la interpretación de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), dependiente de Justicia, que establece que los matrimonios entre homosexuales son válidos en España aunque los cónyuges sean extranjeros. Alabau protagonizó anteriormente otro enfrentamiento con el Gobierno al cuestionar la constitucionalidad de las bodas entre personas del mismo sexo ante el Constitucional, una facultad de la que, según Justicia, la juez carece.

La comisión disciplinaria, compuesta ayer por los progresistas Montserrat Comas y Félix Pantoja, los conservadores Carlos Ríos y Juan Pablo González y el vocal de consenso entre PSOE y PP, Agustín Azparren, devolvió al instructor el expediente abierto contra Alabau. Los progresistas y el consejero de consenso no estaban de acuerdo con que la propuesta de resolución del expediente no considerara falta las críticas contra la DGRN, el organismo ante el que se recurren las resoluciones de los Registros Civiles. El instructor sólo proponía una advertencia a la juez por falta leve debido a unas descalificaciones que lanzó contra el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, al que acusó de ser "un apéndice del Gobierno", después de que la criticara por paralizar dos matrimonios.

El ministerio fiscal, que también interviene en los expedientes disciplinarios abiertos por el Consejo, consideró sin embargo que Alabau había cometido dos faltas graves. La primera por sus críticas contra la dirección general, y la segunda, por sus acusaciones contra el fiscal de Alicante. Por cada una de ellas solicitaba que se le impusiera una multa de 600 euros.

3.000 euros de multa

Los dos vocales progresistas y el de consenso consideran, como el fiscal, que Alabau cometió una falta grave (sancionada con multa de hasta 3.000 euros) en sus críticas a la DGRN, aunque coinciden con el instructor del expediente en que las críticas al fiscal de Alicante sólo son constitutivas de falta leve, según fuentes del Consejo. El vocal conservador Carlos Ríos, pidió el archivo del expediente respecto de ambas conductas, mientras que el consejero a propuesta del PP Juan Pablo González, se mostró de acuerdo con la propuesta del instructor en la reunión de ayer.

Ahora el expediente volverá al instructor, que redactará una nueva propuesta de resolución de acuerdo con las exigencias de los consejeros. A pesar de que los vocales de la comisión disciplinaria no están sujetos a lo que se pide en el expediente, la ley prevé este trámite para que la expedientada pueda defenderse.