La ciudad de México abre la puerta a la legalización del aborto

La Asamblea de Representantes (Parlamento de la ciudad) dejó ayer libre el camino para la despenalización del aborto, al rechazar una moción que pretendía blindar la prohibición local. Sólo Cuba y Guyana permiten la interrupción del embarazo en Latinoamérica.

La ley -que se aprobará localmente ya que México tiene la categoría de distrito federal- permite interrumpir el embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación. La iniciativa obstruccionista del PAN fue derrotada por 19 votos a 44. Los 44 legisladores que rechazaron la cancelación de la sesión se colocaron bajo el riesgo de excomunión, que lanzó el obispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, a quienes legalicen el aborto.

En otra acción desesperada, los conservadores Abogados Católicos pidieron a la Asamblea que celebre un referéndum antes de votar la ley. Tras las maniobras, según comentarios de legisladores y asesores políticos, existe una realidad de peso, que el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) que apadrina la ley cuenta con 34 de los 66 diputados de la Asamblea, más los de otros partidos que avalan el cambio.

El alcalde de la ciudad de México, el izquierdista Marcelo Ebrad, ha pedido mesura a los actores sociales y trató de calmar los ánimos, al decir: "No estimamos que vaya a haber ninguna avalancha de abortos. Tendremos que orientar a las personas, atenderlas, pero no esperamos que haya un cambio tan radical como se dice".

En México, una nación donde más del 80% de su población se confiesa católica, la voz del Papa Benedicto XVI tiene una fuerza especial, por eso causó revuelo su solidaridad con la iglesia mexicana "ante el proyecto de ley del Distrito Federal (ciudad de México) que amenaza la vida del niño por nacer". Previamente, había encendido la mecha del conflicto cuando acusó a grupos feministas de impulsar "una carnicería cruel, espantosa e injusta", pues la legalización produce una "masacre" de niños no nacidos.

Las organizaciones que respaldan la nueva ley se suman a las consideraciones del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE): "Es impostergable despenalizar esta causal", dado que "en la mayoría de los casos, cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, lo hace porque ese embarazo le afecta el proyecto de vida".

El duro posicionamiento de la Iglesia católica y grupos conservadores radicales ha calentado al máximo el debate, por lo cual los diputados del Distrito Federal se reunieron protegidos por unos 400 granaderos (policías antimotines) y cercados por centenares anti-abortistas, que reclaman "abortar la ley del aborto". En la capital mexicana, según cifras extraoficiales, se practican unos 20.000 abortos al año.

La reforma sobre la interrupción de la gestación supone un cambio radical en el país. Actualmente la norma considera que "aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo" y constituye un delito, salvo cuando el embarazo es producto de una violación, pone en riesgo de muerte a la futura madre o hay pruebas médicas contundentes de que el feto sufre malformaciones. Una mujer que aborta puede ser condenada a tres años de cárcel.