Las empresas privadas podrán explotar los aeropuertos secundarios catalanes

La empresa privada podrá explotar aeropuertos en Cataluña. Cada uno de los secundarios; es decir, Reus, Girona, Sabadell y el fururo de Lleida, se gestionará de forma individualizada. El nuevo ente público gestor de aeropuertos, una AENA catalana que se llamará Aerocat, tendrá el 51% de la empresa que pilote cada aeródromo, mientras el resto quedará en manos de ayuntamientos y cámaras de comercio. Aerocat y sus socios podrán adjudicar la explotación a una empresa privada. Las patronales y los sindicatos podrán intervenir a través de un consejo asesor.

En pleno debate sobre la descentralización de la gestión de aeropuertos en España, en manos de AENA, la Generalitat ya ha planteado al Gobierno central un modelo para los aeropuertos secundarios que quiere utilizar como laboratorio de ensayo para el futuro de El Prat.

AENA se convertirá en un holding estatal que mantendrá titularidad pública de los aeropuertos, pero no los gestionará, sino que se relacionará con las entidades que tutelen cada aeródromo. Estas entidades estarán participadas en el 51% por Aerocat, una AENA a la catalana, y el resto quedará en manos de entes locales y cámaras de comercio, siguiendo el modelo de París y abriendo la puerta a la gestión privada: cada aeropuerto podrá contratar la explotación a una compañía externa. Cada aeropuerto pagaría un tanto a un fondo estatal en concepto de "cuota de solidaridad" con otras infraestructuras.

"Este es un modelo que implantaremos y quedará acreditados por un plan y una ley catalana de aeropuertos", que llegará al Parlamento catalán antes de que acabe 2007, explicó ayer el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal.

El sistema se aplicará en todos los aeropuertos secundarios catalanes, pero El Prat, que mueve 30 millones de pasajeros anuales y suscita la gran batalla política, tiene su propia agenda. La Generalitat quiere que su gestión pase a manos de un consorcio en el que tenga "poder de veto y voto de calidad", con lo que ya no resultaría fundamental el porcentaje que el Gobierno autónomo posea en dicho consorcio.

El modelo que la Generalitat propone para Girona, Reus, Sabadell y Lleida ya ha sido puesto sobre la mesa en la comisión bilateral con el Estado, pero no hay nada parecido a un calendario oficial para el traspaso. La Generalitat calcula que no se demorará más de dos años.

Apoyos

El secretario de Movilidad, Manel Nadal, también se refirió a la futura gestión de los aeropuertos catalanes en una jornada organizada por el sindicato UGT y aseguró que Cataluña tendrá "bastantes aliados" para transformar la gestión de los aeropuertos españoles, ya que Galicia, Andalucía y Cantabria, entre otras comunidades, apuestan por este modelo.

El debate aeroportuario también apareció ayer en el Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara rechazó una moción de CiU que instaba al Gobierno central a la creación de un consorcio para el aeropuerto de Barcelona, con competencias sobre su gestión y en el que las instituciones catalanas tengan una posición "mayoritaria y determinante". CiU precisó que dicho consorcio debe tener competencias en materias como la dirección de las instalaciones, la planificación y ejecución de las infraestructuras, la adjudicación de los slots (derechos de despegue y aterrizaje) y de "todas las concesiones derivadas de la explotación del aeropuerto y la determinación de las tarifas". No obstante, indicó que reservaría las funciones de control de la navegación aérea al "organismo estatal o internacional correspondiente".

El PSOE votó en contra de la moción y el PP se abstuvo. Por su parte, ICV y Esquerra se abstuvieron en el punto que reclamaba concetar en un mes el calendario y procedicmiento de asignación de la Terminal Sur de El Prat.

El protavozde CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que presentó la moción la semana pasada, también advirtió de que sólo se planteará un pacto de legislatura con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras las elecciones generales si previamente hay acuerdo sobre el traspaso de Cercanías, el aeropuerto de El Prat y el desarrollo estatutario.