El 80% del coste de los servicios sociales se financiará a través de los impuestos

La futura cartera y el catálogo de prestaciones sociales se financiarán en un 80% por medio de los impuestos y en un 20% a través de las aportaciones de los ciudadanos beneficiarios. En la actualidad, esta cobertura es del 17%, pero se prestan menos servicios de los que están previstos en el futuro. Eso no significa que si un anciano ingresado en una residencia cuenta con importantes recursos no tenga que pagar una parte mucho más elevada por el servicio que se le ofrece, el llamado copago.

El Gobierno rechaza que los mayores paguen con su piso la plaza en una residencia frente a las propuestas forales

Diputaciones y ayuntamientos aceptan que haya un catálogo de prestaciones y que el Ejecutivo sea el que planifique

La Administración podrá reservar plazas residenciales en centros privados e incluso la propia gestión de residencias públicas

El objetivo del Gobierno vasco es que el nuevo sistema de servicios sociales, de carácter universal y que previsiblemente estará culminado en el plazo de diez años, esté cubierte en un 80% con financiación pública. Esta es la apuesta del Ejecutivo frente a modelos como el alemán, donde los servicios se sufragan con las cotizaciones de empresas y trabajadores, o el estrictamente asistencial, que sólo cubre las necesidades de las rentas más bajas.

El consejero Javier Madrazo y su viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, expusieron ayer esta idea durante la jornada organizada en Bilbao para presentar en sociedad el anteproyecto de ley de Servicios Sociales. El PSE tachó de "electoralista" el acto y calificó el anteproyecto de ley de "fantasma", al no "gozar de ningún respaldo institucional ni del consenso para ser operativo". Madrazo expresó su confianza en que el proyecto de ley llegue al Parlamento durante el primer semestre del próximo año. A partir de ahí, será la Cámara la que marque los tiempos para aprobar la norma que debe construir el entramado de los servicios sociales, modernizándolos y adaptándolos a los nuevos tiempos y necesidades. Según Consuegra, el sistema actual ha cumplido su función y ahora necesita otro enfoque para ser viable.

Las previsiones del departamento es que, de mantenerse la actual presión fiscal y con un crecimiento anual del 12% del dinero destinado a los servicios sociales, en el año 2011 se habrán cumplido los objetivos que la ley de Dependencia fijaba para 2015. Y de continuar ese crecimiento, para 2016 se habrá alcanzado el nivel de gasto social de países como Alemania y Francia, referencia en este campo.

Valor medio de la vivienda

A la espera que se despejen algunas incógnitas de la ley de Dependencia, de obligado cumplimiento para todas las comunidades al ser una normativa básica, Consuegra desbrozó las principales claves del anteproyecto de ley de Servicios Sociales. Algunas ya han sido consensuadas con las diputaciones y los ayuntamientos, que serán los que ejecuten las medidas, pero a otras aún les aguarda un largo recorrido.

Por ejemplo, el Gobierno pretende que las personas dependientes que consigan una plaza en una residencia pública no tengan que responder con su vivienda habitual para pagar, a su fallecimiento, una parte de los servicios recibidos. Es lo que se conoce como reconocimiento de deuda. Esta tesis choca con el modelo que siguen las diputaciones de Vizcaya y de Álava.

En el capítulo del anteproyecto destinado a la financiación del sistema, se especifica que, en los casos en los que los usuarios de las residencias carezcan de ingresos para el pago de los precios públicos pero dispongan de un patrimonio, podrán acordarse fórmulas alternativas de financiación. En la valoración del patrimonio, "se considerará exenta la cuantía equivalente al valor medio de la vivienda habitual en Eyuskadi". Eso significa que, si después de aplicar esa media el piso del usuario de la residencia vale menos, no se toca. Los ancianos que son atendidos en las residencias públicas de Vizcaya y de Álava pagan la tarifa según sus ingresos, pero reconocen además una deuda por la atención que les han prestado. Cuando fallecen, sus herederos deben responder con el patrimonio heredado, y el piso habitual en el que ha vivido el anciano está incluido entre los bienes que pueden ser vendidos, aunque con sus excepciones.

Consuegra reconoció que aún se deben limar algunas diferencias en este aspecto con las diputaciones de Vizcaya y Álava, aunque expresó su confianza en que se alcanzará un consenso. De momento, el departamento cuenta con el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa y de sus otros dos socios en el Gobierno, PNV y EA. Este apoyo sin fisuras, según Consuegra, puede garantizarle el que salga adelante en el Parlamento, ya que los socialistas también están en la misma línea.

Frente a esta eventual discrepancia, hay otros puntos en los que Gobierno, ayuntamientos y diputaciones están de acuerdo. Es el caso, de la existencia de una cartera y de un catálogo de prestaciones; de la elaboración de un plan cuatrienal de actuación y un mapa donde se especifique lo que necesita cada zona, y de que el Gobierno se encargue de la planificación. "El caso es que avanzamos y apostamos por un trabajo colectivo, donde implicamos a todos los que actúan en el campo social", apuntó el viceconsejero.

El anteproyecto recoge la participación de la iniciativa privada en el futuro sistema de servicios sociales y la canaliza a través de conciertos, al estilo de lo que hace el Departamento de Educación con los colegios de la red privada concertada, a los que aporta hasta el 67% de sus ingresos a cambio de que den gratis la etapa de enseñanza obligatoria. Consuegra indicó que para consolidar el sistema es preciso reforzar una serie de centros de titularidad privada y sostenerlos con fondos públicos mediante el régimen de concierto.

En este sentido, se podrán concertar la reserva de plazas en centros privados, así como la gestión integral de servicios o centros de titularidad pública. "El concierto obligará a los centros a ofrecer gratuitamente las prestaciones propias del sistema vasco de servicios sociales", subrayó.