La polémica por la ley de Dependencia

La ley de Dependencia motivó ayer un cruce de declaraciones y críticas entre el Gobierno central y las administraciones vascas. El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, y la diputada para la Política Social de Guipúzcoa, Esther Larrañaga, coincidieron en señalar que el Ejecutivo socialista está vendiendo "mucho humo", porque consideran que está hablando de una serie de prestaciones económicas sin que todavía se hayan aprobado los decretos para su desarrollo. A su vez, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcárcel, instó al Gobierno autonómico y a las diputaciones a ponerse a trabajar precisamente en el desarrollo de la ley, estableciendo el nivel de dependencia de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el baremo estatal por el que serán evaluados los ciudadanos para determinar su grado y nivel de dependencia. En los próximos días, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto donde se explican los detalles de ese baremo, las personas dependientes tendrán derecho a ser evaluadas. Las valoraciones podrían empezar este mismo lunes. En cualquier caso, la aplicación de la Ley de Dependencia se realizará de forma escalonada hasta 2015, de manera que este año serán beneficiarios sólo aquellos ciudadanos con gran dependencia.

"Razones electoralistas"

En este sentido, Madrazo apuntó que el Gobierno central ha actuado de manera "irresponsable" y "con excesivas prisas" por "razones electoralistas". Y es que, aunque en los próximos días se empiecen a hacer las valoraciones, todavía quedan por aprobar los decretos donde se concretarán los servicios que pueden demandarse y las prestaciones económicas a los cuidadores. Es decir, que aunque a una persona se le haga la valoración, aún no se podrá beneficiar de las nuevas ayudas. Eso sí, nunca quedarán desatendida, porque las instituciones vascas seguirán prestando, como hasta ahora, una atención "adecuada".

Tanto Madrazo como Larrañaga explicaron que el Ejecutivo central prevé aportar un máximo de 250 euros mensuales por cada gran dependiente que se atienda en una residencia o en un centro de día o reciba ayuda a domicilio. A su juicio, ese dinero, que iría a parar a las diputaciones, es insuficiente, pues apenas cubre el 10% del coste real que supone atender a un gran dependiente.