El derecho a prostituirse
La comisión parlamentaria sobre la situación de la prostitución ha determinado que es imposible tratar a la misma como una profesión. El principal argumento es que "la prostitución y el tráfico de personas son fenómenos ligados y relacionados que no pueden separarse".
Combatir la explotación sexual es una obligación del Estado democrático. Al mismo tiempo, el Estado debe ser garante del ejercicio de las libertades individuales entre las cuales encontramos la libertad de disponer libremente del propio cuerpo. La lucha feminista por el derecho a la contracepción y al aborto han constituido un ejemplo de la afirmación de la libre disposición de sí mismo. Las condiciones deplorables en las que se ejerce la prostitución en España no debe confundir el objetivo de las políticas públicas en la materia. A nadie se le ocurriría prohibir los oficios de costurera, camarero o jornalero debido a las condiciones de explotación económica en los que se desarrollan. Que se haya utilizado históricamente esclavos en la agricultura no ha convertido a la misma en una actividad intrínsecamente ilícita. Del mismo modo que la mayoría de las prostitutas sean explotadas por mafias no convierte a la libre disposición del cuerpo en algo inmoral o ilícito.
Existen en España personas que se prostituyen libremente y que desean continuar haciéndolo en mejores condiciones. Asimilarlas a esclavas o alienadas es infantilizarlas. El Estado democrático no debe ser paternalista o moralista. Prestar servicios sexuales es seguramente inmoral para determinados sectores conservadores o contrario a la dignidad de la mujer para algunas feministas pero ni la moral religiosa ni el feminismo deben sustituirse a la autonomía de los individuos. Nadie puede arrogarse el derecho de decidir lo que es bueno para sí y de imponerlo contra la voluntad de los interesados. Esto es exactamente lo que acaba de hacer la comisión parlamentaria en nombre de las mejores intenciones pero ya sabemos que el camino al infierno está empedrado de ellas...
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