Valencia aprueba la ordenanza del ruido con cinco años de retraso

Al Ayuntamiento de Valencia le ha costado cinco años adaptar su normativa contra la contaminación acústica a las directivas europeas y la ley de la Generalitat. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la nueva ordenanza municipal contra el ruido que ha permanecido congelada en los despachos mientras muchos vecinos acudían a la justicia para solucionar sus problemas de descanso. Vecinos y hosteleros han expresado su malestar por su exclusión de la elaboración del texto.

Alfonso Grau ejerció ayer de portavoz de gobierno municipal para destacar los detalles de la nueva norma. "Ha primado el descanso por encima del ruido", resumió. Acompañado del concejal de fiestas y del de participación ciudadana, Grau celebró "el consenso" alcanzado por todos los participantes de la comisión del ruido, en la que han participado los grupos políticos de la oposición. Carmen del Río, edil del PSPV desmintió el acuerdo acusando al PP de hacer "de la necesidad virtud". Del río lamentó que el ayuntamiento haya tardado cinco años para adaptar sus normas a las directivas europeas y las leyes autonómicas.

El nuevo texto incluye destacadas novedades en la lucha contra el ruido. La policía local adquiere potestad para clausurar, sin necesidad de notificación previa, un establecimiento que supere en sólo cinco decibelios los niveles permitidos o se exceda en su horario de cierre en una hora. Del Río, portavoz socialista en la comisión del ruido, dudó de la aplicación de este punto. "Las sanciones, del tipo que sean, se deben notificar dando lugar a posibles recursos", señaló.

El control del ocio nocturno es una de las principales reclamaciones vecinales sobre contaminación acústica. Las comisarías de los barrios rodeadas por bares de copas, pubs y discotecas son colapsadas cada noche de fin de semana con llamadas de vecinos afectados por el ruido. Para solucionar esa tarea, la normativa prevé un sistema centralizado de sonido que detecte "en tiempo real", según destacó Grau, el nivel de decibelios que está produciendo cada local. La edil socialista puso en tela de juicio ese sistema. "Habrá que ver la cara de susto del responsable del laboratorio municipal", advirtió.

El equipo de la alcaldesa Rita Barberá, separó la nueva ordenanza de las polémicas zonas ZAS (zona acústicamente saturada) que ya ha obligado el Tribunal Supremo a aplicar en dos ocasiones. "El objetivo es que estas medidas eviten que se tengan que nombrar nuevas zonas saturadas", respondió Grau.

El último punto de la ordenanza rebaja el ruido permitido para las verbenas falleras de 135 db a 90, y acota el lanzamiento de petardos a las zonas delimitadas para ello. Según el concejal de fiestas, Félix Crespo, "se trata de rellenar la laguna legal que tenían hasta ahora las fiestas de la ciudad".

El ruido ya tiene un enemigo plasmado en papel. Sólo falta traducirlo en hechos.