La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas su informe de Zona Franca

La fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, solicitará el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la última etapa del PP al frente de la Zona Franca, que ha confirmado la irregularidades detectadas en el recinto fiscal. "Es un elemento para el análisis. Mi intención es hacerme con él, en el supuesto que la propia jueza no lo haya incorporado de oficio", anunció la fiscal.

Alonso acudirá la próxima semana a los juzgados para informarse sobre la situación de los procesos mercantiles y civiles que se habían abierto de forma paralela, entre ellos, el que estudiaba la compañía alimenticia Quality Food o el que analizaba la sociedad informática Rilco, los dos asuntos donde más deficiencias ha encontrado el Tribunal de Cuentas.

La fiscal tiene previsto reunirse con la jueza del número 3 de Cádiz -el juzgado encargado del caso Quality Food- para "intercambiar impresiones" sobre el estado de las diligencias, que se han visto ralentizadas por las peticiones de valoraciones económicas, los recursos, y las renuncias de abogados que han surgido a lo largo del proceso. La fiscal reconoce que la investigación sobre la gestión de la Zona Franca avanza con lentitud. "Estábamos pendientes de que se incorporaran todas las resoluciones de tipo mercantil y civil que habían surgido paralelamente al caso".

Entre esos documentos, estará el informe del Tribunal de Cuentas que ayer fue analizado por uno de los dos ex delegados del PP aludidos. Miguel Osuna compareció, junto al vicesecretario del partido en Cádiz, Ignacio Romaní, y el senador, José Blas Fernández, para ofrecer una particular interpretación del documento. "Estoy muy satisfecho del resultado", dijo Osuna con una amplia sonrisa.

Según el ex delegado, el informe definitivo del Tribunal no ha detectado irregularidad o ilegalidad en su gestión. Lo argumenta en que en la última página, la dedicada a las recomendaciones, no hay petición alguna de responsabilidad ni se remarca ninguna infracción. En cambio, las páginas inmediatamente anteriores, la de las conclusiones, sí enumeran anomalías como la adjudicación de un contrato a una empresa de Miami sin cumplir el pliego de condiciones, préstamos o avales para Quality Food sin garantía de cobro o la puesta en marcha del portal informático Rilco por seis millones de euros de más de su valor real.