La Generalitat afronta la ley de dependencia con 160 técnicos para evaluar a 30.000 discapacitados

La puesta en marcha de la ley de dependencia promete ser un proceso complejo. La ley está en vigor, pero la maquinaria no está engrasada. Aunque estaba previsto que las primeras solicitudes empezaran a presentarse a partir del próximo 23 de abril, la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Carolina Homar, anunció ayer que "en 15 o 20 días las personas que sufren algún tipo de dependencia podrán empezar a tramitar las solicitudes". Unas 30.000 personas se beneficiarán de la ley en Cataluña en 2007. Un total de 160 profesionales se encargarán de las evaluaciones.

En Cataluña se estima que hay unas 200.000 personas que son susceptibles de acogerse a la nueva ley de dependencia. Sólo el primer año se espera que unas 30.000 se beneficiarán de las prestaciones que ofrece esta norma. Son las personas más dependientes.

Los próximos días serán intensos. Hoy se aprueba en Consejo de Ministros el decreto sobre el baremo estatal para determinar qué personas son dependientes y en qué grado. Una vez aprobado, Cataluña iniciará la formación de los 160 profesionales destinados a valorar el grado de dependencia de estas personas con discapacidad en Cataluña.

En total, el Departamento de Acción Social y Ciudadanía tiene previsto distribuir 23 equipos en todo el territorio catalán. Cada uno de los profesionales se desplazará a casa de las personas que soliciten la prestación. Fuentes del departamento aseguraron que de las 30.000 personas previstas en 2007, a alrededor de 18.000 no será necesario valorar su grado de discapacidad porque ya cuentan con el informe preceptivo.

La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, explicó ayer el calendario para los próximos días. El próximo 26 de abril está convocada una reunión en la que se tiene que aprobar la propuesta de modelo de solicitud y las instrucciones que se darán a todos los servicios sociales de primaria explicándoles cómo se atenderán las peticiones.

En esta misma reunión se decidirá la fecha en que se empezarán a recibir las primeras solicitudes, aunque con toda probabilidad será a partir del mes de mayo. Capdevila explicó que, a partir de ese momento, el usuario deberá ir a los servicios sociales de primaria del lugar donde reside. Una vez tenga la solicitud y el informe médico, podrán pasar hasta tres meses para que se realice la valoración en su domicilio.

700 millones de euros

Acción Social y Ciudadanía destinará más de 700 millones de euros para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas dependientes, aseguró ayer la directora del ICASS durante la tercera Jornada de la Dependencia organizada por la Agrupación Mutua. "El periodo de adaptación será muy importante, ya que estamos removiendo las bases de todo el sistema actual de prestaciones", subrayó Homar.

El departamento que dirige Capdevila ha calculado que la nueva ley aportará unos 40.000 nuevos lugares de trabajo. Más de la mitad será personal dedicado a la atención directa como familiares y auxiliares geriátricos.