El nuevo plan 'participativo' de Ibarretxe

"Estamos convirtiendo al pueblo en público. La democracia se ha empobrecido y el espacio público se ha degradado. Hace falta una auténtica regeneración democrática en todos los niveles institucionales". Con esta crudeza describía el ex alcalde de Vitoria-Gasteiz José Ángel Cuerda, la situación actual de nuestro sistema democrático.

A estas alturas, huelga explicar que quienes queremos reformar el sistema es precisamente porque creemos en él. Y una de las reformas que tiene que experimentar nuestra democracia, la fundamental, es la que haga que las decisiones públicas sean más participativas y abiertas a los ciudadanos. Y es a los poderes públicos a quienes corresponde modernizar y redefinir la participación de la ciudadanía en la política, porque esa es la esencia de la democracia que tenemos. Esa ha sido siempre su esencia.

La participación en este país se entiende como pura propaganda partidaria, pero pagada con recursos públicos

La democracia ha evolucionado a lo largo de su historia. Está en permanente evolución. Y hoy necesita un nuevo impulso mirando al futuro, una nueva forma de hacer política, con una nueva interpretación de la relación entre representación y participación.

Bajando al terreno vasco, es verdad que está en manos del Parlamento el hacer que la ciudadanía pueda tener un acceso más fácil a la información, que supone el primer requisito para poder participar en los asuntos públicos. También depende del Parlamento llevar a cabo una reforma de su reglamento que posibilite la presencia ciudadana en las comisiones y su participación directa en la elaboración de los Presupuestos de la comunidad autónoma o en la tramitación de un proyecto de ley.

No obstante, no es menor la tarea que corresponde al Gobierno para facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Diría más, la responsabilidad del Ejecutivo es capital en este sentido. El Gobierno vasco creó una Dirección General de Participación Ciudadana dentro del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales dirigido por Javier Madrazo, que en los presupuestos de este año cuenta con más de 590.000 euros y que desempeña sus funciones estrictamente para ese departamento. El resto de consejerías del Gobierno no cuenta con esa dirección, lo que supone un sinsentido y una diferencia respecto de otras estructuras participativas que existen en el resto del Estado (por ejemplo, en Cataluña), donde se trabajan políticas participativas de forma transversal.

¿Por qué sólo se otorga a la consejería de Madrazo la posibilidad de contar con una Dirección de Participación Ciudadana? ¿Por qué no es necesaria una dirección similar para, por ejemplo, socializar y hacer más partícipe a la sociedad del proyecto de Y ferroviaria vasca o para que la ciudadanía intervenga en la definición o el seguimiento de las políticas de empleo o de industria? Lo hemos preguntado y no tenemos respuesta.

En los mismos Presupuestos para este año, el Departamento de Presidencia dedica 300.000 euros a diversos procesos de participación ciudadana, destinados todos ellos a dar soporte al nuevo plan (el de "Paz y Convivencia") del lehendakari Ibarretxe. Una iniciativa para la que, dicho sea de paso, antes de buscar la implicación de la sociedad, podría haber buscado una mayor complicidad de los parlamentarios que no votamos su investidura.

Sin mirar al pasado con rencor y sin tremendismos innecesarios, se puede afirmar que el nuevo plan del lehendakari comienza a parecerse demasiado al suyo anterior, al viejo plan Ibarretxe, al menos en el aspecto de la participación ciudadana. Me explico. Como acaba de desvelar el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el 80% del gasto que se realizó para la difusión del plan Ibarretxe se produjo antes de que fuese aprobado por el Parlamento vasco. O sea, que se gastaron el 80% del dinero público cuando aquel Plan era solo la idea de los tres partidos que lo proponían y no un acuerdo tomado por una mayoría institucional. Quizás sea esa la forma como se entiende la participación ciudadana en este país: en términos de pura propaganda partidaria... a cargo de los recursos públicos.

En resumen, que el Gobierno liderado por un lehendakari que se pasa el día reclamando el "derecho a decidir" de la sociedad vasca, no tiene un modelo de participación para hacer a la ciudadanía partícipe de las políticas públicas. Y no lo tiene, simple y llanamente, porque no cree en la participación, si no es para dar cobertura a sus intereses de partido(s).

A su vez, ensaya una formula de relación directa con la ciudadanía -pasando de los partidos y presentándolos como "problema"-, como si el viejo recurso al caudillismo tuviera que ver con renovadas versiones de la democracia directa. Un invento demasiado viejo como para que caigamos en la trampa.

Afirma el autor que, excepto en los

asuntos que le interesa, el Gobierno no tiene

una política de participación ciudadana.

Óscar Rodríguez Vaz es parlamentario y secretario general del Grupo Socialistas Vascos.