¿Qué servicios sociales necesitamos?

Estamos en puertas del mayor cambio en los servicios sociales de este país desde el restablecimiento de la democracia. La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (la mal llamada "ley de dependencia") va a implicar una enorme sacudida en la manera de funcionar de los servicios sociales de este país. El cambio de lógica es evidente. Hasta ahora, disponíamos de unos servicios sociales que, simplificando, estaban más bien pensados como enclave en el que las personas con mayores dificultades de supervivencia, conseguían mantenerse más o menos a flote con las ayudas previstas para ello en las administraciones públicas. Lo que está en juego ahora es que, al menos en el ámbito de las personas con problemas de autonomía, los servicios sociales sean la puerta de entrada universal, es decir, para cualquier ciudadano, de un conjunto de prestaciones, servicios y ayudas. Es, sin duda, una gran noticia, aunque no exenta de riesgos y problemas. Algunos de ellos tienen que ver con el hecho que las personas que no tengan reconocida su ciudadanía puedan tener acceso a esas prestaciones. Otro tema de gran calado es el alcance del sistema de copago que viene incorporado en la nueva ley y su despliegue en un ámbito como el sociosanitario, de perfiles imprecisos. Y no es tampoco menor el reto que suponen para los servicios sociales y el conjunto de profesionales que los personalizan el hecho que de la noche a la mañana vean incrementada la población que atiende de manera muy significativa, tanto cuantitativamente como, sobre todo, cualitativamente.

En estos inicios del siglo XXI, destacan algunos grandes vectores de transformación. Predominan más que nunca, incertidumbres y riesgos en los recorridos vitales de las personas. Ya no tenemos sólo un eje de desigualdad esencialmente vertical (arriba-abajo) y material, sino que estamos en sociedades más frágiles, con vínculos de integración social (dentro-fuera) mucho más vulnerables. Los servicios sociales se enfrentan, pues, a los viejos problemas de siempre, y a los nuevos problemas de la diversidad, de la mayor complejidad en el diagnóstico y de la creciente dificultad en la búsqueda de soluciones. Las políticas sociales, en sus diversos componentes, se han pensado y producido de manera poco fraccionable, a partir del supuesto de que era necesario responder a necesidades-demandas tendencialmente homogéneas. Y se ha tendido a ir acumulando respuestas. A cada nueva demanda, nuevos servicios, nuevos negociados administrativos, nuevas especializaciones profesionales. Todo eso no generó excesivos problemas, mientras se mantuvieron en pie los fuertes lazos sociales, las dinámicas sociales comunitarias y los grandes agregados sociales, ya que eran estos colectivos los que acababan integrando unas prestaciones y servicios fuertemente especializados. Hoy, a la desintegración social y a las renovadas dinámicas individualizadoras, le siguen correspondientes respuestas especializadas y segmentadas, compartimentos profesionales estancos y responsabilidades políticas no compartidas.

El punto clave de las políticas sociales de nueva generación sigue siendo la lucha contra las desigualdades, pero reconociendo las diferencias, y con una fuerte defensa de la autonomía individual, entendida como situación en la que no se da una situación de dominación de unos sobre otros, sean éstos quienes sean. Aspiramos a una fuerte equidad, valorando la diversidad y apostando por que cada cual pueda seguir sus trayectorias vitales y personales desde su autonomía. Ese conjunto de cambios condicionan y vienen acompañados de presiones en los servicios sociales. Ejemplos de todo esto son: fuerte diversificación de personas atendidas, envejecimiento de la población, erosión de las formas de convivencia familiares, dificultad de acceso al mercado de trabajo y a la emancipación de los jóvenes, y más en general los efectos de fragilización de los esquemas de protección social vinculados al mercado de trabajo. Todo esto acarrea una clara sobrecarga de trabajo de los profesionales de la atención primaria, que no se sienten acompañados ni ven reconocida su labor, lo que genera sensación de desánimo y frustración. Conviene ir entendiendo que las políticas de bienestar en su conjunto, se enfrentan a dilemas y deben responder a situaciones individuales y colectivas cuya problemática es muy raramente atribuible en exclusiva a un solo ámbito de esas políticas. Por tanto, es importante avanzar en perspectivas que apunten claramente al trabajo en red, y desde perspectivas integrales y transversales. Pero, eso debe evitar aparecer como una llamada a la desprofesionalización (difuminación de perfiles profesionales, asunción de jerarquías implícitas o explícitas en ese trabajo en red, etcétera), y más bien requiere un proceso de reprofesionalización, que permita participar en esas nuevas perspectivas desde una mayor clarificación de los perfiles propios de los servicios sociales y de sus profesionales.

Hemos de partir de la hipótesis de que los servicios sociales y sus profesionales tienen una especificidad propia con relación a otras políticas y otros profesionales. Lo que identifica a los servicios sociales es su capacidad de impulsar, desde sus recursos, al reforzamiento de la ciudadanía, y más concretamente de las opciones vitales de los individuos, contribuyendo a la cobertura de sus necesidades básicas, y a la densificación de los vínculos y lazos relacionales y comunitarios. Y contribuyen así, desde la proximidad, a la reducción y superación de los riesgos de exclusión social. Los servicios sociales se nos presentan, pues, como nódulos centrales y básicos de la red de bienestar en un territorio determinado. Sus profesionales han de ser entendidos como el valor añadido más importante de ese nódulo. Son ellos los que forman, orientan, encauzan y apoyan individual y colectivamente a personas y comunidades. Para que eso sea plenamente posible, es muy importante evitar rigideces, exceso de protocolos y trámites, contribuyendo a que donde hay información exista poder. Los servicios sociales pueden y deben ser el punto de entrada de los servicios de bienestar en su conjunto. Y pueden ser, al mismo tiempo, un nudo básico de la red de agentes públicos, sociales, comunitarios y familiares que en un territorio determinado asumen o pueden asumir las responsabilidades compartidas sobre el bienestar y la cohesión de esa colectividad. En ese sentido, la nueva ley acarrea sin duda problemas, pero no hay duda de que es también una gran oportunidad.