La reforma del Estatuto de Castilla y León empieza a caminar en las Cortes con el acuerdo de PSOE y PP

"A estas alturas ya se ha constatado que "España no se rompe cuando se adentra en el debate leal sobre su organización territorial. Al contrario, se fortalece, pues no hacemos otra cosa que prolongar el sentido de la Constitución de 1978". Esta aseveración la formuló ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tomó la palabra en el pleno del Congreso de los Diputados para apoyar la proposición de ley que ha llegado aprobada de las Cortes de Castilla y León, y que tiene que ser examinada, discutida y modificada si fuera el caso, por las Cortes Generales. Esta reforma viene de la mano del PSOE y del PP como ya ha ocurrido con los estatutos de Valencia, Baleares, Andalucía y Aragón. Hoy se aprueba definitivamente en el Senado la reforma del Estatuto aragonés. El jefe del Ejecutivo aseguró que ha trabajado para "unir a todos más estrechamente en la condición común".

Antes que Zapatero defendió la reforma el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, del PP, que explicó con naturalidad el acuerdo alcanzado con los socialistas en su región para reformar el Estatuto con respeto máximo a la Constitución, pero con los cambios necesarios para que esa región goce de más capacidad de autogobierno. El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios lo defendió igualmente el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Villalba. Ahora empieza la tramitación parlamentaria en comisión, artículo por artículo, pero nace con buen pie ya que el marcador del Congreso registró ayer el apoyo mayoritario de todos los grupos, con la excepción de IU-ICV y BNG, que se abstuvieron, aunque confían en poder incorporarse al acuerdo general a lo largo de la tramitación parlamentaria.

Al igual que otros estatutos, en materia de agua la comunidad amplía sus derechos toda vez que se reserva la ejecución de recursos y aprovechamientos hídricos de las aguas de la Cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad. No obstante, la planificación hidrológica la mantiene el Estado.